Lo dicho por Mirone: el caso FGR-Maru Campos le ha dado al Partido Acción Nacional algo así como una razón para presentarse en las elecciones locales y federales del próximo año con un poco más de ánimo y una expectativa de triunfo que no veían antes de abril pasado.

Lo de menos fueron los casi 7 mil asistentes al acto de apoyo a la gobernadora de Chihuahua, sino las decenas de figuras que se aglutinaron en el presídium, en las primeras filas y en el uso del micrófono, en una concentración que se convirtió en una auténtica “pintada de raya” al morenismo y a la Cuarta Transformación en general.

En aras de doblar el brazo y lucir el bíceps, el panismo no reparó en sacar del semirretiro al expresidente Vicente Fox, ni en traer de nuevo a la línea de fuego al otro expresidente panista, Felipe Calderón Hinojosa, sin importar lo distanciados y hasta conflictuados que habían estado.

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Todo con tal de establecer no solo una posición de defensa de una de las cuatro gubernaturas que conservan, sino también de fijar una postura ideológica de derecha que, por momentos, coquetea con la ultraderecha, con evocaciones al evangelio, al libre mercado y al discurso de actores políticos ultraconservadores de diversas partes del mundo.

Sala llena a reventar; estacionamientos y calles aledañas congestionadas; personas que llegaban en automóvil propio o, como diría la canción del Piporro, “a pata y en ride”. Vestidos de blanco, con algún distintivo azul —una gorra, una pañoleta—, los miles de panistas que acudieron al llamado le dieron un fuerte aplausómetro a la gobernadora, pero también una recepción cálida a figuras que estaban en la lejanía.

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Maru Campos salió fortalecida, sí, pero también el PAN local y nacional, que hasta antes del trágico accidente del 19 de abril en la Sierra Tarahumara, donde murieron dos agentes extranjeros y dos elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), andaba barajando nombres de donde cayeran para configurar una candidatura rumbo a 2030 o a las elecciones locales de 2027.

¿Qué sigue ahora? Eso es lo que debe explicar el PAN. Ya expresó su determinación de defender a una de las suyas y dejó clara su posición en los límites de la derecha política. Ahora falta decir qué va a hacer y qué le va a presentar a la ciudadanía para convencerla de que es una mejor opción de Gobierno.

Es ahí donde el panismo chihuahuense tendrá que redoblar esfuerzos para que su discurso de “buen gobierno” no se les revierta, porque aquí son precisamente eso: Gobierno. Solo les falta dejar bien claro que también son buenos para administrar la cosa pública.

Pendientes tienen, y muchos: primeros lugares en violencia, homicidios, desapariciones, actos de corrupción, accidentes viales y personas fallecidas en percances de ese tipo.

La lista de temas por mejorar es larga, y esa no se va a reparar con otro mitin bajo techo, por más “constelaciones” de estrellas del ayer y del antier reunidas con las de hoy. Les queda mucha cuesta por subir y poco tiempo para remontar y demostrar que el discurso se puede traducir en resultados.

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Antes de que Maru Campos tomara el micrófono y antes de que el panismo nacional se declarara en pie de guerra contra la FGR, hubo una escena cuidadosamente montada para abrir el evento.

La caminata desde la Ciudad Deportiva hasta el Centro de Convenciones fue presentada como una muestra de respaldo a la gobernadora, pero también funcionó como un acto de cobijo político para uno de los personajes más golpeados por la crisis desatada tras el caso Morelos.

Por eso, la marcha de panistas rumbo al Centro de Convenciones bien podría llevar el nombre de “Arropando al soldado César”.

Fue breve, pero sustanciosa: de la Ciudad Deportiva de la capital del estado al Centro de Convenciones, unos 400 metros aproximadamente, a través de una avenida que se hace estrecha en ese tramo, como la Tecnológico, lo que ayudaba mucho a hacerla más lucidora y colorida. A final de cuentas, llenaron la calle.

Había, sí, arengas a favor de la gobernadora Maru Campos y hasta la entonación de un corrido en su honor, pero la tirada era otra: salir al paso a la FGR y presentar al ex fiscal general del estado rodeado de su “tropa”, como si fuera una de esas películas de guerra.

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La movilización panista, en general, sirvió para muchos efectos y, en particular, para rescatar a figuras políticas de diversas épocas: lo mismo a los expresidentes Felipe Calderón y Vicente Fox que a la excandidata Xóchitl Gálvez.

Vaya, sirvió para resucitar el claxonazo que simulaba la frase “Barrio sí, Baeza no”, herencia de las luchas electorales de la década de los años ochenta, cuando el PRI era el villano de la película.

Como lo había dicho Mirone, el PAN desempolvó su vieja costumbre de armar grandes conglomerados en espacios cerrados y calentar los ánimos con un desfile de oradores que pronunciaban discursos de tono político subido.

Pero el de esta ocasión tuvo ese ingrediente especial: el de rescatar a un “oficial de alto rango” de las tropas blanquiazules que se encuentra políticamente malherido.

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El soldado Jáuregui salió a la calle a lucir su activismo panista por primera vez desde que apareció en conferencia de prensa para anunciar que dimitía al cargo, después del escándalo causado por las varias versiones, cada cual más contradictoria, que dio sobre el accidente ocurrido en el municipio de Morelos.

El desfile triunfal de Jáuregui no pudo ser más simbólico, pues ocurre días después de que compareciera ante la Fiscalía General de la República para declarar sobre la localización de un laboratorio clandestino en la sierra de Chihuahua y la presunta participación de cuatro agentes extranjeros en ese operativo.

Ahí estaba ayer, caminando entre militantes, saludando simpatizantes y compartiendo escenario con las principales figuras del panismo nacional, en una imagen muy distinta a la de hace apenas unas semanas, cuando su salida de la FGE parecía marcar el inicio de un retiro obligado de la vida pública.

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En este mundo hay de desidias a desidias: de dejar las cosas para otro día, a dejarlas tiradas y no volver a acordarse de ellas hasta que ya no tienen la menor utilidad.

Tal es el caso del expediente que inició el senador Javier Corral Jurado contra la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia “Maru” Campos Galván. Dejado en el olvido por su propio promovente, está a solo un paso de convertirse en “polvo en el viento”, como dice la canción setentera.

Javier Corral dejó pasar el impulso político que pudo tener su causa penal contra Maru Campos: el pasado jueves, la audiencia donde se analizaría la impugnación presentada por el senador para reabrir la carpeta por presunto secuestro de la gobernadora terminó diferida por una razón tan simple como incómoda: el propio denunciante no estuvo presente.

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La escena tiene algo de ironía política. Durante meses, Corral convirtió aquel episodio ocurrido en agosto de 2024, cuando agentes de la Fiscalía de Chihuahua intentaron detenerlo en el restaurante Gin Gin de la Ciudad de México, en una prueba irrefutable de persecución política. El caso escaló hasta convertirse en discurso nacional, conferencias de prensa, entrevistas y posicionamientos públicos.

Pero cuando llegó la hora de defender la impugnación contra el cierre de la investigación, la silla del denunciante apareció vacía.

El abogado de la gobernadora, Roberto Gil Zuarth, salió de inmediato a recordar que, si Corral tampoco aparece el próximo martes, la impugnación podría quedarse sin materia y quedar firme la determinación de no ejercicio de la acción penal emitida por la Fiscalía capitalina.

Traducido al español político: el caso podría morir por abandono procesal.

Extraño que una figura de alcance nacional, como lo es Corral, quien dedica parte de su discursiva a atacar a cualquiera que parezca cercano al Gobierno de Campos Galván, la haya dejado vivir o, por lo menos, dejar “ahí pa’ la vuelta” la causa contra su sucesora por supuesta persecución política.

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Mientras Morena mantiene abierta una ofensiva contra la administración estatal por el caso de los agentes estadounidenses en la Sierra Tarahumara, y mientras la gobernadora se encuentra bajo reflectores nacionales por su comparecencia ante la Fiscalía General de la República (FGR), uno de los principales expedientes políticos impulsados por Corral parece entrar en zona de enfriamiento.

A estas horas, es difícil entender si se trató de un descuido, de “problemas de agenda” o, de plano, de una falta de interés ante un posible portazo jurídico.

Si el próximo martes Corral tampoco aparece, el episodio podría cerrar de manera inesperada: no con una resolución espectacular, no con una sentencia histórica y tampoco con una confrontación judicial de alto impacto.

Simplemente con un expediente que se quedó esperando a su promovente.

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Ahora que está tan de moda hablar de combate a las malas prácticas de gobierno y de aplicación de sanciones severas a esos indescriptibles servidores públicos que desviaron dinero del erario, vale la pena echar un vistazo a las recientes cifras que obtuvo el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi) en materia de combate a la corrupción.

Dos noticias para Chihuahua o, mejor dicho, para los chihuahuenses. Una buena y otra mala. Así como van, en ese orden se las presentará este Mirone fijado y puntilloso, como suele ser.

La buena: que ya no es el estado “más corrupto” del país. La edición 2023 de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (Encig) había dejado a Chihuahua en un indudable primer lugar, con 21 mil 891 víctimas de corrupción por cada 100 mil habitantes.

En su nueva edición, correspondiente a la encuesta aplicada en 2025, Chihuahua ya mejoró, con “solo” 18 mil 420 víctimas por cada 100 mil habitantes. Nada mal, ¡cómo no!: 3 mil 471 menos de una encuesta a otra o, lo que es equivalente, una reducción de 15.85 por ciento.

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Ahora va la mala: el estado continúa en la parte alta de la tabla, en un cuarto lugar nacional y con un porcentaje de personas víctimas de actos de corrupción superior al promedio del país.

Ahí están las cifras de la misma Encig: el porcentaje de personas que dijeron haber sido víctimas de un acto de esa naturaleza fue 17.7 por ciento mayor al promedio nacional. Hay una mejoría, sí, pero todavía se siente que el estado se encuentra en la parte caliente del comal.

Más aún: también fue cuarto lugar en actos de corrupción por cada 100 mil habitantes. Con 36 mil 330 casos, Chihuahua superó holgadamente el promedio nacional, que fue de 27 mil 438, y se ubicó en el selecto club de las entidades con más de 35 mil casos de corrupción por cada 100 mil habitantes.

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El dato debe llamar la atención, porque la mejora es limitada y la ubicación en las tablas nacionales sigue siendo motivo de vergüenza, a pesar de los grandes recursos que se destinan a la fiscalización y al cuidado de los actos de gobierno.

En el Presupuesto de Egresos 2026 se contemplan 256 millones de pesos para la Auditoría Superior del Estado y 167 millones para la Secretaría de la Función Pública, sin contar con lo que se asigna a la Fiscalía Anticorrupción y a las 67 sindicaturas municipales del estado.

Es inevitable custionarse si el gasto destinado a combatir la corrupción se refleja en resultados tangibles.

Los datos más recientes de la Encig 2025 muestran una realidad contradictoria para Chihuahua: el estado figura entre los mejor evaluados del país en calidad de trámites y servicios públicos.

Pero también se ubica entre las entidades con mayores niveles de experiencias de corrupción reportadas por la ciudadanía.