Los operadores de la 4T han iniciado ya la recolección de firmas para apoyar su petición de someter a juicio político a la gobernadora María Eugenia Campos Galván, por haber —dicen ellos— cometido una serie de violaciones tanto a la Constitución Política del país, como a la del estado y a la Ley de Seguridad Pública, de alcance federal.

En estricto sentido, una solicitud de ese tipo no necesita acompañarse de mamotretos completos llenos de nombres de personas y sus respectivas firmas que piden sentar en el banquillo de los acusados a algún servidor público encumbrado y/o con fuero. Con que una persona lo solicite y demuestre que tiene fundamentos para su petición bastaría para que el Legislativo emprenda el procedimiento. Emprenda, ojo con eso, no necesariamente que le dé la razón al denunciante.

Hasta ahora, el morenismo operante se ha mantenido rejego a dar una cifra, al menos aproximada, de cuántas firmas esperan recabar. Porque, después de las cuentas alegres de la marcha del sábado, cuando calcularon 20 mil asistentes que nomás no alcanzaron a verse en ninguna fotografía panorámica del sitio donde se celebró la concentración, han optado por irse con tiento y no aventarse a adelantar una cantidad que luego no puedan completar.

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Para efectos procesales, las firmas son la guarnición del platillo y tanto morenos como oficialistas lo saben. Ese no es el punto. Lo que buscan los de la 4T es hacer presión política sobre un Poder Legislativo que tienen completamente perdido, incluso con sus propios “aliados”, que acá en Chihuahua son más prianistas que el PRIAN.

Ahora sí que, como dicen en el rancho: una cosa es arrear y otra contar las vacas.

Cien mil firmas que juntaran, no pueden reunir 22 votos en el Legislativo estatal para aprobar el inicio del juicio, ya no digamos la destitución de la gobernadora.

Como diría el clásico: ahí está el detalle, porque el juicio político contra Maru Campos no se resuelve en la Plaza del Ángel ni en Facebook, sino en el Congreso del Estado. Y ahí los números nomás no les dan.

La Constitución local y la propia ley establecen que para imponer sanciones políticas se requieren votaciones calificadas.

Por eso, la necesidad de hacer ruido, juntar firmas y dar la muestra de que la gobernadora va en picada y no hay quién la detenga. Desde aquí los vemos, a ver si lo logran.

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Entendidos del tema le han confirmado a Mirone que los morenistas empezarán su carrera recoge-firmas entre su base electoral… y clientelar. Ahí sí que no tendrían mucho problema para llegarle a los 100 mil. Nada más hay que echarle el ojo al programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, para ver que tienen así, a la mano, a unos 52 mil beneficiarios. Algo ha de salir de ahí, no digamos del resto de los programas.

El problema es que corre el tiempo, porque necesitan mostrar el músculo que no salió a relucir el sábado pasado.

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Para eso, Morena tiene ya armado el discurso en favor de la soberanía, pero necesita ofrecer algo más. Su contraparte no ha dejado de relacionarlos con la delincuencia organizada y eso les puede desactivar cualquier movilización.

Por eso la gran duda no es jurídica, sino política: ¿esto realmente mueve votos?

Hasta ahora, el asunto parece tener más fuerza en columnas, mesas de análisis, redes sociales y círculos partidistas que en la conversación cotidiana de la mayoría de la población.

Lo cierto es que muchos en Morena quizá no quieren admitir que el juicio político contra Maru Campos parece hoy más una herramienta de presión rumbo al 2027 que una posibilidad real de destitución inmediata.

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Al primer primo del Estado le andan anotando unos tiros de basquetbol de esos que valen tres puntos, y en su propia cesta, casi casi, en la que tiene instalada en la oficina de Rectoría de la Universidad Autónoma de Chihuahua, la UACH.

Fuentes dignas de todo crédito y lejos de toda sospecha le han confirmado a Mirone que en la mismísima UACH, a cargo de Luis Alfonso Rivera Campos, el “primer primo del Estado”, se están armando grupos de operación política en favor del alcalde de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, quien, como es bien sabido, suspira por ser el candidato de Morena al Gobierno del Estado.

El dato, de que el comité crucista anda ya operando en un feudo universitario, le ha caído como carne de puerco echada a perder al rector Rivera Campos, quien no encuentra aún la manera de ir a explicar por qué en la máxima casa de estudios anda gente trabajando para el triunfo de Morena.

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Si bien existían células de la 4T en la UACH, como en casi toda la estructura gubernamental del estado, no se había detectado un frente completo de académicos y trabajadores administrativos que estén como “grillos de tiempo completo” en favor de la causa morenista.

Hasta ahora, esos operadores se han mantenido con bajísimo perfil, sabedores de que les puede caer el espadazo encima desde la mismísima Rectoría, en cuanto el rector reciba alguna llamada de atención de la “prima” y sea traído a rendir cuentas político-electorales.

Nada más eso le faltaría al oficialismo gobernante: que, encima de que vienen los “morenos” a meterse a su capital, su sede, su bastión, a pedir la destitución de la gobernadora, ahora quieran armar su campaña desde el interior de una de las instituciones más favorecidas por el presupuesto estatal.

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La UACH ha sido un centro de operación político-electoral casi desde su creación. Nada más hay que recordar los grupos que se ensamblaron desde el interior de sus aulas para salir de ahí a conquistar el poder.

La lucha fratricida entre priistas se fraguó dentro de sus muros: los “conservadores” de Oscar Ornelas contra los “liberales” de Saúl González Herrera. Era tal la politización partidista dentro de la universidad, que se llegó a decir que era el cuarto sector del PRI: el Obrero, el Campesino, el Popular y el “Universitario”.

Con el PRI “cuesta abajo en su rodada” y un PAN que no le ha encontrado el modo a una comunidad universitaria con la que nunca acabó de hacer química, los morenistas se lanzan ahora al abordaje, buscando aprovechar ese rico caldo de cultivo conformado por más de 25 mil alumnos y tres mil docentes, más el personal administrativo.

Son unas 40 mil personas las que circulan en torno a una institución que maneja un presupuesto cercano a los 3 mil millones de pesos. Al menos Mirone no quisiera estar en el pellejo de quien pierda el control político de ese bastión.

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Cinco meses pasaron ya desde que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) atrajo la investigación de la Comisión Estatal (CEDH) sobre el crematorio Plenitud.

Fueron los primeros días de diciembre cuando se mandó todo el expediente debidamente certificado a la Ciudad de México, aunque desde noviembre había concluido el trabajo de investigación de la CEDH.

El área de Control, Análisis y Evaluación de la Comisión Estatal estaba por aprobar una recomendación con su respectivo pronunciamiento de responsabilidad de cada instancia gubernamental, pero de alguna manera, los funcionarios responsables de las omisiones fueron salvados por la campana de la atracción.

La atracción se realizó porque el caso cruzó también dependencias federales, específicamente la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Secretaría de Economía, facultadas para hacer inspecciones y registros, además de conceder permisos en el caso del giro de los crematorios.

Ningún orden de Gobierno puede decirse limpio en el indignante y escalofriante caso de los 386 cuerpos encontrados en el crematorio Plenitud, hace ya casi 11 meses, a finales de junio del 2025.

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El caso es que se han hecho guajes en la Comisión Nacional y nada ha pasado, cuando desde la estatal había quedado claro que sí o sí tendría que emitirse una recomendación, por todos los elementos encontrados en una larga cadena de omisiones que alcanzó a varias oficinas estatales y municipales.

“Hicimos un trabajo extenuante, tenemos una carpeta bastante engrosada en cuanto a elementos probatorios. Yo creo que sí hay bastantes elementos para que pueda resolver a favor de las víctimas la Comisión Nacional”, dijo en su momento el entonces presidente provisional de la CEDH.

Es larga la fila de los omisos, pasando por la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris) y el Registro Civil en el ámbito estatal, además de la Dirección de Ecología, Protección Civil y la Dirección General de Desarrollo Urbano en el orden municipal.

Hablamos de siete oficinas públicas, si se suman las dos federales, que no hicieron bien su chamba y por lo tanto propiciaron que el crematorio operara por años en condiciones irregulares, en instalaciones inadecuadas y sin equipamiento, apilando cuerpos como si fueran basura, sin cumplir protocolo alguno y defraudando a quienes habían pagado por la cremación de sus seres queridos.

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Recibió la CNDH un expediente robusto, de acuerdo a lo que supo Mirone, pero ni por eso se ha movido para cerrar la investigación y definir su resolución.

Lo peor es que la Comisión Nacional cada vez está más diezmada en su capacidad operativa y todo lo resuelven desde el escritorio en la Ciudad de México. En Juárez no se ha sabido siquiera de diligencia alguna.

Sería una burla que la investigación quedara en nada y campearan, como siempre, la simulación, la negligencia y la impunidad institucional.

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Desde el Parque Central le llegaron a Mirone reportes sobre el maltrato que se trae con el personal a su cargo el administrador Rafael Butchart.

Prácticamente ha tenido desencuentros fuertes con la plantilla completa, que alcanza unas dos docenas de trabajadores en ese organismo desconcentrado estatal vinculado a la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común.

Lo que le contaron a Mirone es que Rafa tiene arranques temperamentales y de pronto se ha puesto violento con sus subordinados, quienes se andan quejando de que el administrador se pone carrillero… pero después de no cumplir con su propio horario laboral.

En pocas palabras: no siempre está al pie del cañón y cuando llega, lo hace con el látigo en la mano para intentar sacar los pendientes acumulados.

Y como le gusta al administrador estar haciendo videos de lo que ocurre en el parque, la grilla va por el lado de que nomás en eso está pensando: en subir contenido a redes sociales, mientras descuida la operación cotidiana del espacio.

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Trae Butchart varios frentes abiertos, de acuerdo con lo que le comentaron a Mirone. Resulta que corrió como jefe jurídico nada menos que al sobrino de Carlos Ortiz, el representante de la gobernadora María Eugenia Campos en Juárez.

Chocó el administrador con el abogado del parque y le pasó guillotina sin consideración alguna, después de que el Parque Central enfrentó el problema legal generado por los amparos que ambientalistas promovieron para frenar la habilitación de una tienda OXXO en el interior.

Parece que también hubo conflicto por los tratos y el sobrino de Ortiz terminó fuera de la nómina, lo que tampoco cayó nada bien en las oficinas de Pueblito Mexicano.

Así que ahora Butchart se anda tambaleando no solo por la forma en que alimenta conflictos dentro del organismo a su cargo, sino también por los desencuentros que ya empiezan a crecer afuera.