El Centro de Derechos Humanos Paso del Norte exigió que se transparenten los recursos asignados al gobierno estatal para la búsqueda de desaparecidos y que tomen en cuenta a las organizaciones de la sociedad civil para diseñar los planes regionales que tengan como fin encontrar a las personas.
Carla Palacios, directora del organismo, mencionó que en al menos un año, el gobierno del Estado de Chihuahua tuvo que reintegrar una cantidad millonaria al gobierno federal, por un subejercicio de recursos que estaban asignados a la búsqueda de desaparecidos.
Según los archivos, fue en el año 2022 cuando de 36 millones 259 mil 400 pesos recibidos para Chihuahua, fueron reintegrados 31 millones 734 mil 600 pesos, equivalentes al 87.5 por ciento de lo recibido en el año 2021 para la Comisión Estatal de Búsqueda.
De lo asignado en este 2026 a Chihuahua por parte del Gobierno Federal, son 9 millones 793 mil pesos para la búsqueda de desaparecidos, mientras en el 2025 se entregaron 10 millones 321 mil 155 pesos, lo que significa que hubo una disminución de poco más del 5 por ciento de un año a otro.
Sobre el tema, Palacios indicó que el recurso que se acaba de destinar a procesos de búsqueda en Chihuahua, es parte de los convenios de colaboración entre la Comisión Nacional de Búsqueda y las comisiones locales de búsqueda, que son estas figuras que se quedaron a partir de la publicación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas.
“Anualmente, pues se están otorgando recursos para fortalecimiento de procesos de búsqueda de las entidades y pues esta ocasión pues toca esa cantidad la que se destina por parte del gobierno Federal, exclusivamente para el estado de Chihuahua, lo que nosotros hemos visto y que está bien documentado es la disminución del presupuesto que se está destinando para este proceso”, anotó.
Señaló que lo ocurrido en el 2022, cuando se regresó la mayor parte del dinero al gobierno federal, fue porque el gobierno del Estado de Chihuahua no pudo acreditar que ese recurso se había destinado para procesos de búsqueda o para las finalidades que se preveía, que era fortalecimiento a las instituciones de búsqueda, compra de equipamiento, capacitaciones, entre otras acciones.
La directora del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte indicó que como organizaciones exigen a las autoridades que se transparente con mayor eficacia el uso de este recurso.
Y “que indudablemente también se contemple a los colectivos y a las organizaciones en el diseño de planes regionales que permitan tener la certeza de que estos recursos se estén utilizando para lo que están destinados”.
Destacó que “el que existan recursos pero no existan planes sobre cómo utilizar esos recursos o cómo eficientar los procesos de búsqueda, es algo sumamente preocupante”.
Acerca de lo ocurrido en el 2022, resaltó que fue algo que lastimó a muchas familias que tenían a sus familiares desaparecidos, por ese error del gobierno local e incluso se realizaron protestas que terminaron sin resultados.
“El gobierno del Estado de Chihuahua tuvo que ser auditado, sobre por qué no se utilizó ese recurso, por qué es que se tuvo que regresar”, aseveró.
“Nosotros tuvimos diálogos con autoridades de la Fiscalía Especializada en Violaciones de Derechos Humanos, que es la autoridad encargada de la Comisión Local aquí en Chihuahua y pues se nos dieron algunas explicaciones del por qué porque se tuvo que regresar, pero pues no fue ninguna explicación real”, dijo.
Palacios agregó que a las familias les molesta saber que hay recursos, pero no se destinan como deberían y la realidad es que no hay una mejora a los procesos de búsqueda a nivel estatal.
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