La regularización de predios en la ciudad avanza entre rezagos históricos y un crecimiento urbano que, en algunos casos, ha rebasado la planeación. En ese escenario, regidores de la Comisión Edilicia de Asentamientos Humanos se reunieron con la encargada del Instituto Nacional del Suelo Sustentable, Armida Genoveva Sáenz Lozano, para conocer los servicios de la dependencia y reforzar la coordinación entre niveles de gobierno.
Durante el encuentro, la funcionaria dejó un mensaje que marcó la discusión: el desorden territorial no es solo responsabilidad de las autoridades, también tiene origen en prácticas ciudadanas.
Sáenz Lozano explicó los procedimientos para la legalización de terrenos y advirtió sobre errores frecuentes que complican estos procesos, como apropiarse de metros adicionales o invadir predios bajo la idea de que no tienen propietario.
“Así como exigimos pulcritud a los gobiernos, también tenemos que ser respetuosos con los espacios que se nos asignan para vivir”, expresó ante funcionarios y ciudadanos presentes.
El costo del crecimiento sin control
En la sesión participaron personas interesadas en regularizar sus terrenos, así como representantes de organizaciones sociales. Ahí se les explicó que las ocupaciones irregulares, aunque parezcan menores, generan conflictos legales, frenan el desarrollo urbano y retrasan los trámites.
La funcionaria advirtió que, en algunos casos, quienes se asientan en zonas de alto riesgo terminan solicitando la intervención de las autoridades para resolver situaciones que pudieron evitarse.
“Se apropian de áreas públicas municipales, afectan la cartografía y, en el peor de los casos, se instalan en zonas peligrosas y luego demandan auxilio”, señaló.
También recordó que el ordenamiento territorial es una responsabilidad compartida entre los tres niveles de gobierno y que, incluso, la Federación no puede regularizar asentamientos si estos contravienen disposiciones municipales.
Sierra de Juárez: presión sobre una zona vulnerable
Uno de los puntos más sensibles fue la situación en la Sierra de Juárez, donde colectivos ambientales alertaron sobre el avance de desarrollos en zonas ecológicas vulnerables.
Danisse Ortega, del Colectivo Sierra de Chihuahua, expuso que esta área carece de una declaratoria formal de protección, lo que la deja expuesta a procesos de urbanización.
“Tenemos serias preocupaciones por el avance de destrucción de la zona… hay planes de asentamientos en polígonos donde existen arroyos”, advirtió.
Ante ello, Sáenz Lozano aclaró que, aunque en el poniente parece haber espacio para crecer, no se regularizarán asentamientos en áreas naturales protegidas ni en zonas de riesgo. Además, ofreció atender el tema en una audiencia directa al concluir la reunión.
Regularización: avances y límites
La funcionaria recordó que la dependencia federal cuenta con facultades para intervenir en propiedad comunal o ejidal, siempre con el consentimiento de los propietarios, especialmente cuando el crecimiento supera su capacidad para dotar de infraestructura.
Señaló que actualmente los posesionarios de ejidos como Ojo de la Casa, El Vergel, Samalayuca y Villa Luz pueden avanzar hacia la escrituración y el dominio pleno, lo que en años recientes ha detonado operaciones inmobiliarias.
Sin embargo, subrayó que estos procesos deben coordinarse con el Municipio para evitar conflictos sociales.
“Tenemos que estar hermanados… cuando llega el momento de escriturar, es competencia federal, pero los criterios deben alinearse con la planeación urbana del Municipio”, explicó.
Rezagos de décadas
Al cierre, Sáenz Lozano informó que ya se resolvieron las primeras 756 regularizaciones en el ejido Loma Blanca y que se busca beneficiar a unos 5 mil posesionarios en El Sauzal, tras más de dos décadas de rezago.
También adelantó que el Municipio solicitó al Gobierno de México la donación de suelo para reserva territorial, aunque precisó que los terrenos nacionales disponibles se ubican en el sur y la respuesta oficial está en proceso.
En la reunión participaron la coordinadora de la comisión, la regidora María Dolores Adame Alvarado; los ediles José Eduardo Valenzuela Martínez y Jorge Marcial Bueno Quiroz, así como funcionarios de la Dirección de Asentamientos Humanos.
Adame Alvarado señaló que el Ayuntamiento mantiene la instrucción del alcalde Cruz Pérez Cuéllar de trabajar con apego a la legalidad y construir soluciones ordenadas en favor de la comunidad.
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