El fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que declaró inconstitucional la Cesión Gratuita en Especie (CGE) no solo obliga al Ayuntamiento de Ciudad Juárez a modificar su reglamentación urbana, sino que abrió un escenario de incertidumbre entre autoridades y desarrolladores inmobiliarios.
Durante la sesión de la Comisión Revisora de Fraccionamientos, los regidores reconocieron que no existe claridad sobre cómo deberán aplicarse los cambios, ni qué instancia será la responsable de autorizar este tipo de esquemas, utilizados durante años para sustituir la donación de suelo por obra pública.
El regidor Alejandro Jiménez Vargas (PAN), integrante de la Comisión y profesor de Derecho en la UACJ, advirtió que, tras una primera lectura de la sentencia, es previsible que la administración municipal busque alternativas para sortear sus efectos.
Señaló que una posible salida sería trasladar la autorización de la CGE al Cabildo, en lugar de la Comisión o la Dirección de Desarrollo Urbano, lo que —dijo— podría representar una forma de “darle la vuelta” a la resolución judicial.
Explicó que el amparo, promovido en 2021, se sustenta en una ley estatal que ya fue derogada, lo que podría abrir espacio a interpretaciones que permitan mantener el procedimiento actual.
La falta de definiciones ya genera inquietud entre los propios regidores.
“Ese es el problema que ven los desarrolladores: ¿qué significa esto? ¿Que la Comisión siga autorizando o que el fraccionador tenga que presentar el proyecto de obra con el que va a sustituir la donación?”, cuestionó Mireya Porras Armendáriz, coordinadora de la Comisión Revisora de Fraccionamientos.
Advirtió que, de trasladarse las decisiones al pleno del Ayuntamiento, miles de solicitudes podrían retrasarse, al dejar de resolverse en un órgano integrado por solo tres regidores.
Obligan a cambiar el reglamento
La sentencia, emitida en marzo de 2026, ordena la derogación de seis artículos del Reglamento Municipal de Desarrollo Urbano Sostenible, lo que obliga al Ayuntamiento a modificar su marco normativo.
Ante ello, los regidores solicitaron al secretario del Ayuntamiento, Héctor Ortiz Orpinel, que precise el alcance de la resolución y defina el procedimiento a seguir.
Claudia Arreola, coordinadora del área de Incidencia Comunitaria del Plan Estratégico de Juárez —organización promotora del amparo—, señaló que el Municipio debe cumplir con lo ordenado por la Corte.
“Se tiene que alinear el reglamento a la sentencia. Debe girarse una instrucción desde la Secretaría del Ayuntamiento para que se inicien los cambios normativos”, explicó.
Indicó que el fallo representa una oportunidad para transparentar las decisiones y limitar la discrecionalidad en el manejo del desarrollo urbano.
Arreola recordó que, desde 2021, tras reformas impulsadas durante la administración del entonces alcalde independiente Armando Cabada Alvídrez, la cesión en especie se convirtió en un mecanismo utilizado a conveniencia de desarrolladores.
Expuso casos en los que, en lugar de donar suelo para equipamiento social en zonas como Riberas del Bravo, se aceptaron obras en áreas de mayor plusvalía, como Campos Elíseos.
También mencionó prácticas como la donación de pintura, luminarias, construcción de estacionamientos o incluso la entrega de vehículos para asociaciones civiles, lo que —dijo— distorsionó el objetivo del instrumento.
Mientras estas decisiones se tomaban, amplias zonas de la ciudad quedaron sin reservas territoriales para escuelas, parques y otros servicios básicos.
“La cesión en especie es una excepción, no la regla, y aquí se abusó de ella”, sostuvo.
Añadió que actualmente existe una larga lista de solicitudes ciudadanas para rehabilitar espacios públicos que no han sido atendidas, mientras persisten decisiones sin rendición de cuentas.
El impacto del fallo también alcanza a los desarrolladores, quienes enfrentan incertidumbre sobre las reglas bajo las cuales deberán operar los proyectos en proceso de autorización.
La resolución de la Corte no solo obliga a rehacer la normativa, sino que deja un vacío temporal en el que ni autoridades ni particulares tienen certeza sobre cómo avanzar en nuevos desarrollos inmobiliarios.
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Por Redacción
