En la trama del desvío de 13.7 millones de los programas sociales del DIF municipal a fiestas del alcalde Armando Cabada, la intervención de la sindicatura municipal llegó a un intercambio de requerimientos legales de información sin respuesta, con lo que el caso quedó oculto y sin rendición de cuentas.
La síndica, Leticia Ortega Máynez, posiblemente no recurrió a las facultades legales que le otorga la Ley de Responsabilidades Administrativas y la Ley del Tribunal Administrativo, en tanto órgano de control municipal, señala Óscar Altamirano, asesor jurídico de la asociación civil Ciudadanos por el Interés Público.
“La síndica tiene la facultad de sustanciar juicios contra funcionarios públicos, quizá por eso la administración de Cabada intenta quitarle esas facultades para dárselas al contralor”, indica Altamirano, aunque no se sabe si Ortega Máynez las ha ejercido alguna vez.
El abogado se refiere la controversia constitucional que enfrenta sindicatura y Gobierno municipal , en la que este último intenta dotar a la contraloría municipal de las mismas nuevas facultades legales que tiene la síndica.
“Cabada intenta tener un contrapeso a las nuevas facultades que tiene la síndica por la vía de reforzar al contralor, con el fin de continuar con la permisión de hacer mal uso de los recursos públicos”, enfatiza Altamirano.
El Gobierno municipal de Cabada ha gastado 34 millones de pesos en fiestas en los tres últimos Gritos de Independencia, de los cuales 13.7 millones de pesos correspondían para la atención de grupos vulnerables del DIF municipal.
En el reciente informe sobre la auditoría “Festejo del 209 de Aniversario de la Independencia de México”, la sindicatura anota un listado de requerimientos de servicios otorgado a la administración municipal por parte de la empresa Espectáculos RP S.A. de C.V.
El órgano fiscalizador muestra el oficio SM/DAFC/723/2019, fechado el 28 de agosto, con la petición a la administración de la ciudad, dirigida por Rodolfo Martínez Ortega, de entregar el desglose de costos por cada servicio prestado dentro del contrato, identificado con la clave DCA/AC/153/2019.
Martínez Ortega responde con la negativa de entregar la información requerida en el oficio SM/DAFC/723/2019 con fecha 13 de septiembre, con el argumento de que no es posible porque la contratación se hizo con el esquema de “servicios integrales”.
El informe de sindicatura, en relación con los gastos del Grito de este año, concluye con el recibo del oficio del administrador de la Ciudad, en el que responde con una negativa. Aquí concluye la auditoría consignada en el quinto informe del órgano fiscalizador.
En una investigación de Norte Digital se documenta, vía requerimiento de transparencia, que este año el Gobierno municipal despojó al DIF de 6 millones de pesos para financiar el Grito de Independencia, más 7 millones de pesos de recursos propios obtenidos por la vía de recaudación de impuestos, entre ellos el predial, con lo que gastó en este evento un total de 13 millones de pesos.
En tanto que ahora la sindicatura adquirió la naturaleza de órgano de control, la sindicatura tiene no solo la facultad de revisar el gasto público en fiestas de Cabada, sino además de encontrar la justificación suficiente de que dicho gasto reúne todos los requisitos legales, expresa Altamirano.
En caso contrario de que el Gobierno municipal se niegue a fundamentar legalmente el gasto ante la sindicatura, este órgano revisor tiene la facultad de constituirse en autoridad investigadora e integrar un informe de una presunta responsabilidad, para ser canalizada a la Fiscalía Estatal Anticorrupción, señala Altamirano.
En caso de no hacerlo, Ortega Máynez podría incurrir en las responsabilidades que establece el artículo 64 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, concluye Altamirano.
Se busco a la síndica para conocer su opinión, a lo que respondió su asistente Hilda Barraza, quien dijo que revisaría la agenda de actividades de la servidora pública con el fin de agendar una entrevista en una fecha aún no determinada.
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