—“Ya mejor olvídate de mí”
Ese fue el mensaje que Jesús Gerardo R. A. alcanzó a enviarle a su esposa, según relató ayer martes ante la jueza Haydee de Santiago Wong Edges. Lo hizo, dijo, cuando ya había sido desarmado, esposado y subido a una camioneta de la Guardia Nacional, sin saber hacia dónde lo llevaban.
Pensó que sería trasladado a Chihuahua, al área de investigación interna de la corporación. Cuando advirtió que el vehículo tomaba otro rumbo, creyó lo peor.
Al recordar ese momento, la voz comenzó a quebrársele. Las lágrimas lo obligaron a hacer una pausa antes de continuar con el relato que buscaba convencer a la jueza de que él no había participado en el presunto secuestro exprés por el que la Fiscalía General de la República (FGR) lo acusa, junto con otros tres agentes de la Guardia Nacional, por hechos ocurridos el pasado 2 de julio en el Aeropuerto Internacional de Ciudad Juárez.
Sin embargo, su versión no bastó. Al término de una audiencia que se prolongó por varias horas, la juzgadora determinó vincular a proceso a los cuatro imputados por el delito de secuestro exprés, aunque descartó la imputación por extorsión.
Una audiencia que comenzó con retraso
Eran aproximadamente las 11:35 horas del martes 8 de julio cuando debía iniciar la audiencia en la Tercera Sala del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en Ciudad Juárez. Sin embargo, el acto procesal acumuló un retraso de 25 minutos.
Tres defensores particulares llegaron para asumir la representación de los cuatro agentes acusados: Fernando P. R., Horacio de la C. S., Alfredo G. C. y Jesús Gerardo R. A.
Antes de permitirles asumir formalmente la defensa, la jueza debía verificar que conocieran el contenido de la carpeta de investigación y los antecedentes expuestos durante la audiencia anterior. De lo contrario, la defensora pública tendría que continuar representándolos, como había ocurrido días antes, en la audiencia inicial.
Mientras la situación se resolvía, en la zona destinada al público, la familiar de uno de los imputados intentó llamar la atención de uno de los abogados mediante señas y llamados discretos. La escena terminó con una intervención del encargado de sala, quien le pidió salir si deseaba conversar con el litigante.
Ambos abandonaron el recinto durante unos minutos y la audiencia volvió a retrasarse.

Entre los asistentes permanecían otros familiares de los agentes. Una mujer adulta mayor y una joven permanecían tomadas de las manos mientras esperaban el inicio de la diligencia.
La primera discusión procesal giró precisamente sobre la representación legal. Los abogados de Horacio, Fernando y Alfredo aseguraron conocer la carpeta de investigación y aceptaron asumir la defensa.
El abogado contratado por Jesús, en cambio, manifestó que no había tenido tiempo suficiente para revisar el expediente y decidió retirarse. La defensora pública permaneció al frente de su representación.
Hubo un nuevo receso. Cinco minutos anunciados que terminaron convirtiéndose en 15.
“Todo pasó rapidísimo”
Cuando la jueza preguntó si la defensa ofrecería pruebas, los abogados particulares respondieron que, por el momento, únicamente presentarían argumentos. La defensora pública informó que su representado deseaba declarar.
Jesús comenzó entonces a reconstruir los hechos.
Dijo que el 2 de julio fungió como comandante de turno de la Guardia Nacional en el Aeropuerto Internacional de Ciudad Juárez y que gran parte de esa mañana había permanecido realizando labores administrativas.
Explicó que recibió un mensaje de uno de sus oficiales para acudir a una reunión en la comandancia del aeropuerto con responsables de distintas áreas. Llevaba prisa.
Mientras caminaba escuchó golpes, gritos y movimiento en los pasillos. Al acercarse a la puerta 2 encontró a varios agentes forcejeando con un hombre.
Según su versión, el hombre insistía en que lo soltaran y repetía que les daría dinero si lo dejaban ir.
Jesús aseguró que escuchó a sus compañeros responderle que no querían dinero y únicamente pretendían que se calmara.
Él mismo intervino para tranquilizarlo.
—“Tranquilízate, ahorita te van a soltar. Si no tienes nada ni hiciste nada, al rato te vas a ir”.
Después continuó su camino.
—“Se los encargo, que ya voy bien tarde” —recordó haber dicho a sus compañeros.
En el estacionamiento se encontró con un comandante, al que identificó como Vital, quien le preguntó por uno de sus oficiales. Después presenció una discusión entre Vital y su capitán relacionada con quejas contra el personal.
Regresaron al sitio donde ocurría el forcejeo.
Ahí ya se encontraba el administrador del aeropuerto, quien le reclamó que “eso no se hace” y advirtió que llamaría al coronel Azamar, coordinador de la 20.ª Coordinación de Unidad de la Guardia Nacional.
“Todo fue rapidísimo”, resumió.
Más tarde, dijo, reunió a los agentes por instrucciones de su capitán.
Frente a ellos colocaron a cuatro personas para que señalaran a quienes supuestamente les habían pedido dinero.
Uno de los presentes lo identificó.
Jesús aseguró que después se dirigió al área médica para revisar el estado de otra persona involucrada y que incluso regresó posteriormente a su oficina por algunos objetos personales.
Fue entonces cuando uno de sus oficiales, acompañado de un soldado, le retiró el arma y le informó que estaba arrestado.
Esposado, fue subido a una camioneta junto con los otros agentes.
“¿Ahora qué sigue?”, recordó haber pensado.
Relató que primero los trasladaron al batallón, donde les ordenaron cambiarse de ropa, para después volver a esposarlos.
Nadie les explicaba a dónde los llevaban.
Cuando descubrió que no iban rumbo a Chihuahua, sintió miedo.
“Pensé lo peor”.
Fue entonces cuando, según dijo, logró sacar su teléfono y enviar el mensaje a su esposa.
“Ya mejor olvídate de mí”.
Después relató que fueron llevados a las instalaciones de la FGR, donde permanecieron durante varias horas bajo el sol mientras, según les dijeron, todavía elaboraban el Informe Policial Homologado.
Las imágenes y las dos versiones
Tras concluir la declaración, la defensora pública presentó una serie fotográfica elaborada a partir del análisis de las cámaras de seguridad del aeropuerto.
Las imágenes muestran a una de las víctimas salir del edificio, encontrarse con varios agentes, permanecer esposada junto a una camioneta y posteriormente correr nuevamente hacia el interior del aeropuerto, perseguida por tres elementos.
Instantes después, las cámaras captan un forcejeo antes de que el hombre vuelva a ser llevado hacia el exterior.
Para la defensa, esas imágenes demostraban que quienes participaron físicamente en el sometimiento fueron tres agentes y no cuatro, como había declarado una de las víctimas, por lo que solicitó la no vinculación a proceso de Jesús.
Los abogados de los demás imputados sostuvieron además que las grabaciones mostraban que los elementos actuaban para controlar a una persona que alteraba el orden y no para cometer un secuestro o una extorsión.
El Ministerio Público Federal mantuvo una versión distinta.
La jueza recordó durante su resolución que las víctimas declararon haber sido privadas de la libertad y obligadas a entregar dinero para recuperar su libertad.
Entre ellas se encontraba una persona identificada con las iniciales E.D.H., cuya familia habría depositado 40 mil pesos a una cuenta de Banco Azteca que, según la investigación, pertenece a la esposa de uno de los imputados.
Otra víctima, de origen guatemalteco, declaró que fue esposada, despojada de su teléfono celular y que los agentes enviaron mensajes a sus familiares para exigirles 15 mil pesos a cambio de dejarlo continuar su camino.
Según esa declaración, fue precisamente cuando intentó regresar al aeropuerto para pedir ayuda cuando se produjo el forcejeo que terminó con la intervención del resto de los elementos de la Guardia Nacional.
La decisión
Al resolver la situación jurídica, la jueza consideró que la declaración de Jesús constituía una versión alterna de los hechos, pero señaló que, por el momento, no existían elementos suficientes para corroborarla o descartarla.
En cambio, estimó que las declaraciones de las víctimas y el Informe Policial Homologado firmado por el capitán primero Mariano López González eran suficientes para justificar la vinculación a proceso.
La juzgadora reclasificó parcialmente los hechos.
Consideró que, en esta etapa inicial, existían elementos para procesarlos por secuestro exprés al advertir un presunto propósito de obtener un beneficio económico, pero descartó la imputación por el delito de extorsión.
También fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria.
Cuando terminó la audiencia, los familiares de los acusados abandonaron la sala entre lágrimas.
La noticia era la misma para todos: los cuatro agentes permanecerán recluidos en el Centro de Reinserción Social número 3, bajo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, mientras continúa el proceso penal.
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