Durante esta tarde, el juez de Control encargado de la causa penal 3747/25, Jorge Enrique González Rodríguez, dictó auto de vinculación a proceso penal en contra de Nancy Iveth A.A. por los delitos de inhumación, exhumación y respeto de cadáveres, y fraude.
Los hechos, motivo de la acusación, la que enfrentan también su hijo, Roberto Isaac A.A. y su tío, Miguel Ángel A.O., se desprenden del hallazgo ocurrido el pasado 12 de julio, cuando en una inspección de Coespris se encontró el cadáver de un hombre en avanzando estado de descomposición al interior de la Funeraria Del Carmen, ubicada en la avenida 16 de Septiembre.
Según las pruebas presentadas por la representación social, la madre y esposa de José María Iglesias Martínez, nombre de la persona encontrada en la funeraria, habían identificado a la imputada como la encargada del negocio.
Asimismo, indicaron que la mujer les había dicho que iban a cremar los restos de su ser querido en El Paso, Texas, para posteriormente entregarles una ceniza con supuestas cenizas.
En la audiencia, Nancy Iveth declaró ante el juez y aseguró que ella era únicamente una “empleada eventual” y que únicamente seguía órdenes de su tío Miguel Ángel.
Comentó que tanto ella, como su hijo Roberto Isaac, no contaban con prestaciones laborales y que únicamente realizaban acciones de “apoyo” dentro de la funeraria.
Desconocía, dijo, el destino final de los cuerpos y que conocía del servicio funerario que se había hecho a José María, pero que únicamente había visto una vez a sus familiares.
Además, el defensor particular de la imputada, Jesús Enrique Valenzuela Peralta, presentó una licencia de funcionamiento emitida por Cofepris, con fecha de marzo de 2014, en la que se indica que el propietario de la funeraria es Andrés Jiménez Acedo.
Pese a la existencia de una versión alterna a la presentada por la Fiscalía General del Estado (FGE), el Juez consideró que esto no implica necesariamente que no haya la probabilidad de que haya cometido los delitos por los cuales se le acusan, por lo que su resolución fue en sentido de confirmar el auto de vinculación a proceso penal.
Las partes acordaron fijar un plazo de investigación complementaria de tres meses, mismo que concluirá el 11 de diciembre de este año.
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