Este domingo 14 de diciembre, en punto de las 9:00 de la mañana, se reanudó en los juzgados del penal federal del Altiplano la audiencia de imputación contra el exgobernador César Duarte Jáquez, acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita por 73 millones 925 mil pesos. La jueza federal María Jazmín Ambriz López deberá resolver si lo vincula o no a proceso.
Sin embargo, el punto central del debate no fue únicamente la naturaleza del presunto desvío de recursos, sino la advertencia de la Fiscalía General de la República (FGR) respecto a que Duarte representa un riesgo real de fuga.
Durante la audiencia inicial celebrada ayer, la FGR solicitó imponer prisión preventiva, argumentando que el exmandatario mantiene una red de apoyo creada durante su gobierno con la capacidad económica y operativa suficiente para facilitarle protección, movilidad y ocultamiento.
La jueza Ambriz López recogió ese señalamiento y lo expresó con claridad en la sala al considerar que esa estructura podría permitirle evadir la acción de la justicia.
“Esta innegable red, creada por el justiciable durante sus años como gobernador, tiene la posibilidad, la capacidad y el alcance necesario para proveerlo de ayuda económica y personal para poder huir y permanecer oculto, siendo un elevadísimo riesgo de sustracción a la acción de la justicia”, señaló.
Mientras tanto, la defensa —integrada por Carlos Ríos Peralta, Edith Muñoz Palacios y Dolores Meza Quiroz— sostiene que no existen elementos suficientes para la acusación por lavado de dinero y que el proceso tiene motivaciones políticas.
Asegura además que la Fiscalía está retomando los mismos hechos por los que Duarte ya es procesado en Chihuahua, relacionados con 96 millones de pesos, monto por el que —afirman— fue absuelto en sede administrativa.
La FGR, por su parte, sostiene que estos hechos responden a un esquema distinto de ocultamiento de recursos mediante movimientos en el Sistema Financiero Mexicano, delito por el cual se obtuvo autorización del Gobierno de Estados Unidos el pasado 4 de diciembre, permitiendo procesarlo por cargos adicionales a los que motivaron su extradición.
La resolución de la jueza será clave: si considera acreditada la existencia y vigencia de la red de apoyo descrita por la Fiscalía, Duarte podría permanecer bajo prisión preventiva mientras avanza el proceso federal; si concluye que no está justificado el riesgo, el exgobernador podría enfrentar las siguientes etapas del caso en libertad.
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Además, impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y fijó un plazo de un mes para la investigación complementaria
