Durante su protesta ante el Poder Judicial de la Federación, integrantes del grupo Memoria, Dignidad y Justicia, que aglutina a deudos del crematorio Plenitud, exigieron que, en caso de determinarse que el juez Séptimo de Distrito, Luis Eduardo Rivas Martínez, actuó fuera de derecho, con dolo o mediante irregularidades procesales, sea separado de su cargo.
Su postura establece que en caso de que haya indicios de una actuación fuera de la ley, se inicie de inmediato el procedimiento sancionador correspondiente ante el Consejo de la Judicatura Federal para su separación definitiva del cargo y revocación de labores, expuso Verónica Gamboa, integrante de ese colectivo.
Junto a ella, otros integrantes de la agrupación ciudadana se plantaron en el exterior de las instalaciones del Poder Judicial de la Federación, ubicadas en Paseo Triunfo de la República y Pedro Rosales de León, para expresar su “profunda indignación” por la liberación del dueño de ese establecimiento, José Luis A.C., hace ocho días.
Afirmó que la decisión que tomó el juez Rivas Martínez representa un alto riesgo de que el caso concluya sin que haya justicia para las víctimas.
Ante la situación, exigieron a las autoridades del Tribunal de Apelación prioridad absoluta y celeridad procesal, así como que no se apeguen al plazo ordinario de seis meses para resolver debido a la gravedad de los delitos y al impacto social del hecho, situaciones que requieren una resolución urgente.
“Comparecemos ante esta autoridad para manifestar nuestra profunda indignación por la resolución de libertad dictada en el caso del crematorio Plenitud ante el riesgo inminente de que esta decisión representa”, espetó.
Pidió, además, protección inmediata ante amenazas porque, ante la liberación del que fue acusado por el ocultamiento de cadáveres, integrantes del grupo recibieron amenazas directas contra sus vidas, por lo que adjudicó responsabilidad solidaria a los titulares de estos órganos judiciales por cualquier agresión que sufran.
“El Estado ha fallado en su deber de protección al permitir que el imputado quede en libertad bajo estas condiciones”, sentenció.
La portavoz del colectivo exigió a los magistrados que hagan una revisión crítica y exhaustiva de la legalidad del fallo emitido por el juez Séptimo de Distrito, ya que es necesario corregir un criterio que -a su juicio- ignora el derecho de las víctimas a la verdad y a la seguridad, priorizando tecnicismos sobre la justicia material.
Adicionalmente, pidió que en caso de determinarse que el juez Rivas Martínez actuó fuera de derecho, con dolo o mediante irregularidades procesales, se inicie de inmediato el procedimiento sancionar correspondiente ante el Consejo de la Judicatura Federal para su separación definitiva del cargo y revocación de labores.
“Ciudad Juárez no puede permitir jueces que pongan en riesgo a la sociedad con reducciones arbitrarias”, enfatizó.
Mientras se resuelve a la apelación, demandó que se garanticen mecanismos efectivos para que el imputado no se sustraiga de la justicia.
“No aceptaremos que la demora administrativa se convierta en una oportunidad de fuga”, expuso.
Todas las peticiones expresadas por Gamboa, están incluidas en un pliego petitorio que entregaron en el Poder Judicial de la Federación.
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