La defensa del ex fiscal anticorrupción Francisco G. A. encabezada por el abogado Iker Xavier Ibarreche buscará develar deficiencias en la aplicación del Protocolo de Estambul por parte de empresa contratada por la Fiscalía de Chihuahua.
El abogado que ganó fama mundial por participar en la serie ‘Duda Razonable’ en la que defendió a tabasqueños imputados por el delito de secuestro, cuestionó al Centro Iberoamericano de Formación en Derecho Internacional y Derechos Humanos CIFODIDH A.C. por la forma en que aplicó el Protocolo de Estambul que, aseguró facturó en más de 600 mil pesos al gobierno estatal.
Resaltó que la referida Asociación Civil que aplicó el Protocolo de Estambul no acreditó ante la juez Hortensia García la intervención de un médico y no presentó las credenciales, títulos o cédulas de los psicólogos que otorgaran valor probatorio que indicara fehacientemente la tortura.
“La prueba que ellos sostienen como la más importante, que es una prueba que se hace con base en el Protocolo de Estambul, lo increíble es que no cumplen con la mínima exigencia de acreditar su calidad de expertos en la materia y no está integrados por un grupo interdisciplinario como médicos y psicólogos”, reprochó el abogado.
Ayer por la noche, tras una larga deliberación que se prolongó más de tres horas, fue vinculado a proceso en prisión preventiva el ex fiscal anticorrupción.
La juez Hortensia García argumentó durante más de dos horas las razones por las que determinó vincular al ex funcionario que encabezó la integración de los llamados Expedientes X en contra de acusados de corrupción en la administración de César Duarte.
La juez insistió durante su disertación que hay elementos contenidos en la aplicación del Protocolo de Estambul aplicado a 6 víctimas con identidad reservada que llevan a la aplicación de la vinculación a proceso con prisión preventiva contra el ex fiscal.
Pese a que el imputado y su defensa solicitaron la reclusión domiciliaria reforzada, la juez declinó otorgar este privilegio, pero a cambio se comprometió a recomendar la mejoría de las condiciones de reclusión en las que se encuentra Francisco G.A. desde hace una semana.
Además, la parte acusadora contará con tres meses para ampliar sus argumentos y buscará una sentencia que en este caso sería de hasta 20 años.
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