Después de tres años de Donald Trump en la presidencia, el Gobierno de Estados Unidos está intensificando sus esfuerzos para confiscar terrenos privados en el sur de Texas para construir un muro en la frontera con México, publicó Excélsior.
El Departamento de Justicia ha presentado tres demandas en lo que va del mes contra propietarios de tierras en el Valle Río Grande, una franja de pueblos y granjas fronterizas en el punto más al sur de Texas.
La emblemática promesa de campaña de Trump ha enfrentado sistemáticamente obstáculos políticos, legales y ambientales en Texas, que tiene la sección más grande de la frontera entre Estados Unidos y México, la mayor parte de ella sin vallas.
Y gran parte de la tierra a lo largo del río Bravo, que forma la frontera entre Texas y México, es de propiedad privada y es ecológicamente delicada.
Casi ninguna de las tierras ha sido expropiada hasta ahora.
El martes, los abogados del Departamento de Justicia se movilizaron para confiscar tierras en un caso inmediatamente antes de una audiencia judicial programada para febrero.
La agencia dice que está lista para presentar muchas solicitudes más para apropiarse de tierras privadas en las próximas semanas.
Aunque los avances han sido lentos, el proceso de confiscación de tierras tiene un gran peso en favor del gobierno.
Las autoridades estadounidenses apenas han construido unos 145 kilómetros de muro desde que Trump asumió el cargo, y casi todos ellos han sido para reemplazar cercas viejas.
Alcanzar la meta tantas veces establecida de Trump de 800 kilómetros para fines de 2020 requerirá casi con certeza un mayor avance en Texas.
Los opositores a los planes de Trump han presionado al Congreso para que limite los fondos e impida la construcción en áreas como el Refugio Nacional de Vida Silvestre de Santa Ana, un importante santuario para varias especies en peligro de extinción, como jaguares, aves y otros animales, así como el Centro Nacional de las Mariposas, una organización sin fines de lucro, y una capilla católica histórica.
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