El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) hizo un llamado al gobierno federal y en particular al Servicio de Administración Tributaria para que aplique medidas emergentes económicas a personas morales (empresas) que se disponen a presentar su declaración anual.
De acuerdo al SAT, la fecha límite para que cumplan con esta obligación será el 31 de marzo, en medio de la crisis económica derivada por la contingencia epidemiológica del coronavirus que ya es pandemia.
La presidenta del IMCP, Diamantina Perales, reveló que “es casi un hecho que muchas personas morales no van a estar en condiciones de presentar en tiempo y forma su declaración anual”.
Sobre la posibilidad de que sea solicitada una prórroga para la declaración anual de las personas físicas, cuyo plazo vence el 30 de abril, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos considera que lo más probable es que también se pida prórroga, pero es algo que aún no está definido.
De acuerdo al SAT, a través de su departamento de Comunicación Social, por el momento no han sido contempladas medidas para ampliar los plazos para presentar la declaración.
Según el IMCP, el país enfrenta un escenario adverso por los efectos de la pandemia, como los bajos precios del petróleo y el estancamiento económico, al cual si no se le hace frente con un paquete de incentivos financieros, económicos y fiscales, se corre el riesgo de una recesión profunda.
Dicho plan de emergencia, podría involucrar recursos por el orden del billón de pesos, de acuerdo a lo anticipado por el IMCP.
LA PROPUESTA ENVIADA AL SAT
1.- Se propone una política fiscal temporal contracíclica para incrementar el déficit fiscal en 0.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), solo por este año, lo que equivale cerca de 110 mil millones de pesos.
El 100 por ciento de este incremento en el presupuesto debería de destinarse a medicamentos de emergencia y el grueso al gasto de Inversión Pública.
2.- El gasto de inversión pública pudiera potencializarse si se realiza en proyectos de inversión en asociación con el sector privado, al 30 por ciento, en sectores como la construcción, proyectos de infraestructura, salud, y en el sector de energía.
De acuerdo con el Instituto, con esto se detonarían inversiones hasta por 330 mil millones de pesos, que equivaldrían a 1.5 por ciento del PIB.
El efecto multiplicador de este gasto podría llevar al país a crecer potencialmente por arriba del 2.5 por ciento del PIB, lo que podría contrarrestar el impacto negativo de los choques externos.
3.- Complementar ese esfuerzo con un amplio programa de garantías de la banca de desarrollo para las grandes empresas y las pequeñas y medianas, las pymes, mediante la participación de los bancos comerciales y los intermediarios financieros no bancarios.
4.- revisar el régimen de inversión de las afores, las aseguradoras y otros inversionistas institucionales, para inducir al ahorro de los Fondos de Inversión para el Retiro, y los demás portafolios de inversión, a una mayor canalización del ahorro hacia proyectos productivos en el país, a través del mercado de valores.
5.- Realizar un convenio entre el gobierno federal y la banca para apoyar a las pequeñas y medianas empresas, así como a las personas físicas deudoras del sector financiero, para dar un periodo de gracia, mínimo de tres meses, como efecto de la pandemia en nuestro país.
6.- Del lado fiscal, los contadores recomiendan permitir la deducibilidad a 100 por ciento de las prestaciones sociales a los trabajadores; permitir la depreciación acelerada de nuevas inversiones en activos fijos y la deducibilidad a 100 por ciento de los intereses de créditos destinados a la inversión en expansión de la capacidad instalada.
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