La semana pasada, en el marco de la iniciativa para dotar con un nuevo Código Penal Único a la República mexicana, se dio a conocer que, dentro del proyecto legislativo se pretende eliminar el tipo penal del feminicidio y reclasificarlo por homicidio agravado, y con penas más altas, que van de los 40 a los 70 años, para los ofensores. Una de las razones que esgrimió el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero: es la dificultad que tienen los ministerios públicos para acreditar el tipo penal de feminicidio. Más allá de que esta iniciativa no pasará, debido a la gran movilización de familiares de víctimas, de las diputadas, de las organizaciones de la sociedad civil nacional e internacional y de las académicas feministas, la iniciativa no tiene sustento y exhibe la falta de una visión articulada del estado mexicano frente a la violencia mortal, en contra de las niñas y mujeres.
La conceptualización del feminicidio, parte de las primeras teóricas: Dianna Russell, Jill Radford y Jane Caputi, y se definió “como el asesinato de mujeres realizado por hombres motivado por odio, desprecio, placer o un sentido de propiedad de las mujeres.” Esta es una relación históricamente desigual, que utilizan los hombres (conocidos y desconocidos) en el ámbito público y privado para terminar con la vida de las mujeres. Una de las formas de confrontarlo fue a través de la aplicación de la justicia. En el año 2006, El Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), pidió expresamente al gobierno mexicano, la tipificación del delito como feminicidio.
En el año 2007, en un gran esfuerzo por parte de las legisladoras feministas para dotar a las mujeres de una justicia que tomará en cuenta los delitos que se cometen contra ellas, desde una perspectiva de género, se creó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, cuyo bien jurídico tutelado es el derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencia. En el presente, 32 estados de la República mexicana lo han tipificado, cada uno con su código penal estatal. Y si bien, en palabras de la Dra. Patricia Olamendi, “La tipificación del feminicidio ha sido un paso importante (…) debemos hacer énfasis en que sólo acompañado de acciones y políticas públicas enfocadas en la prevención y en protección a las mujeres que son víctimas de violencia, podremos generar un cambio real y salvar miles de vidas. Esto debe ser una política de Estado y no políticas aisladas.” Las políticas se han dado y el estado ha sido copartícipe de ellas. Menciono sólo dos.
El mes de mayo del año 2019, se dio a conocer la Iniciativa Spotlight en México. Esta es una campaña conjunta de la Unión Europea y de la Naciones Unidas cuyo objetivo es eliminar todas las formas de violencia contras las niñas y las mujeres y una de ellas es el feminicidio. El proyecto estableció una alianza con la Secretaría de Gobernación, los gobiernos locales y la sociedad civil. Spotlight empezó ya a trabajar en cinco municipios de tres estados de la República mexicana. Estos son Estado de México (Naucalpan y Ecatepec), Chihuahua (Chihuahua y Ciudad Juárez) y Guerrero (Chilpancingo). Con una inversión de 7 millones de dólares, procedentes de la Unión Europea y de Naciones Unidas, su accionar se centra en seis pilares de cambio:
- mejorar las normas y las políticas para evitar discriminación y la violencia;
- fortalecer a las instituciones responsables de prevenir, investigar, sancionar y eliminar la violencia, especialmente el feminicidio;
- cambiar normas sociales, formas de pensamiento y conductas;
- garantizar y hacer accesibles los servicios de salud, sociales, legales y policiales de calidad;
- mejorar los sistemas de recolección de datos que permitan tomar decisiones informadas de política pública;
- fortalecer los grupos de mujeres y organizaciones de la sociedad civil que promueven los derechos de este sector de la población.
Por otra parte, el mes de enero del año 2020, la Oficina de la Naciones Unidas para la Droga y el Delito, llevó a cabo, el Diplomado en Prevención, Investigación del Feminicidio y Actuación Policial en la Ciudad de México, en ella se reunieron mujeres y hombres policías de 22 entidades de nuestra nación. Cito textualmente.
Con una duración de 240 horas, el objetivo es capacitar al personal de las instituciones policiales sobre los procedimientos técnico-metodológicos del Primer Respondiente en materia de prevención e investigación del delito de feminicidio, acorde a sus facultades. La estrategia del Diplomado consiste en integrar un grupo especializado en la atención del feminicidio, compuesto por 5 agentes de la policía estatal de 22 entidades, incorporando una perspectiva de género y derechos humanos. La finalidad del mencionado grupo es generar una red nacional que replique dentro de sus instituciones lo aprendido, y de esta forma, contribuir al acceso a la justicia y la adecuada atención a víctimas del delito de feminicidio.
El diplomado fue inaugurado por el Gobierno de México, la Secretaría de Seguridad, La embajada de Estados Unidos en México y la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito. En esta inauguración se habló de la importancia de trabajar conjuntamente para fortalecer las instituciones de seguridad y de procuración de justicia en México, desde una perspectiva de género. De hecho, Eduardo Jaramillo, director general para las Naciones Unidas de la Secretaría de Relaciones Exteriores, manifestó: “Si no tenemos una sólida convicción con los derechos de la mujer difícilmente podremos ir a los foros a intercambiar buenas prácticas.” Tristemente cierto. En México, 10 niñas y mujeres son asesinadas cada día. Y aún aquellas que se han clasificado como víctimas de homicidios y de las mal llamadas “narco ejecuciones” siguen el mismo derrotero de la impunidad. Entonces, ¿cuál es el caso de desaparecer el tipo penal de feminicidio por homicidio agravado?
Celebro la iniciativa de tener un solo Código Penal para toda la nación, esto fortalecerá la aplicación de la justicia. Con la tipificación del feminicidio, sostengo que, la justicia se redefine históricamente de acuerdo con el contexto social; que la vida de las mujeres no es más importante que la de los hombres, ambas valen por igual; por lo tanto, no vale que se quiera dar mayor penalidad a los feminicidas; lo que el feminicidio permite ver es cómo la vida de las mujeres ha sido trastocada por la violencia de los hombres. Por último, considero que si bien la muerte violenta de hombres y mujeres, en algunas ocasiones no es diferente; tampoco es idéntica, una mirada fina de género ayuda a ver esas discriminaciones de los hombres, y del Estado, en contra de las mujeres. Todos los esfuerzos que se están llevando a cabo, tienen la intención de fortalecer una política de estado sólida y articulada, por el bien de las niñas y las mujeres, y no la aislada decisión de eliminar la tipificación del feminicidio.
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