Una facción de empresarios que decide por todos

Los nombres y apellidos de estos hombres y mujeres de negocios, cuya mayoría radica en El Paso, aparecen en las estructuras orgánicas de los fideicomisos que administran millones de recursos públicos que debieran ser usados en programas sociales o infraestructura urbana

Una supremacía de empresarios, con destacada presencia en la asociación civil Desarrollo Económico, participan activamente en la definición de políticas públicas, algunas de las cuales han sido implementadas bajo procesos de transparencia, rendición de cuentas y resultados muy cuestionados.

Los nombres y apellidos de estos hombres y mujeres de negocios, la mayoría de ellos con residencia en la ciudad de El Paso, aparecen en las estructuras orgánicas de los fideicomisos que administran millonarios recursos públicos, destinados para el financiamiento de programas sociales e infraestructura.

Se trata de un grupo de empresarios cuya red más visible converge en Desarrollo Económico de Juárez, donde un selecto grupo de entre 20 y 30 miembros se autodenominan “empresarios líderes” de esta ciudad fronteriza, aunque sus residencias y familias se encuentran en el país vecino.

Contravienen su objeto social

Desarrollo Económico es una asociación supuestamente sin fines de lucro que busca influir en políticas públicas que ayuden a mejorar a la ciudad. No obstante, ha recibido fondos públicos del Fideicomiso para la Seguridad y la Competitividad para proyectos que no corresponden a su objeto social.

Uno de los lazos más fuertes que ha tenido esta red empresarial, descansa en las empresarias y hermanas Alejandra y Guadalupe de la Vega Arizpe, ambas con una influyente participación en Desarrollo Económico de Juárez A.C. 

Cuando no es una de ellas, es la otra, pero tanto Guadalupe como Alejandra, participan como integrantes de todos los consejos directivos y técnicos de los fideicomisos que administran recursos millonarios como el Fideicomiso del Centro de Convenciones, Fideicomiso para la Competitividad y la Seguridad Ciudadana, Fideicomiso del Empresariado Chihuahuense y Fideicomiso de los Puentes Internacionales de Chihuahua. Pero también en organismos como la Mesa de Seguridad, la Mesa Interinstitucional y hasta el equipo local de fútbol Bravos.

Alejandra, la actual secretaria de Economía del Gobierno del Estado de Chihuahua, es la responsable de la gestión del Centro de Investigación e Innovación de Tecnología Avanzada (CIITA), un proyecto de Desarrollo Económico, gestado por la misma asociación civil a la que pertenece la funcionaria.

Es tal el nivel de injerencia Alejandra de la Vega, que no solamente participa en la toma de decisiones políticas, económicas y sociales de primer nivel dentro del Gobierno del Estado con el consentimiento del gobernador Javier Corral, sino que además ha incidido en organismos como Canaco, dirigiendo el voto corporativo de sus empresas para imponer presidentes; ha sido también presidenta de Desarrollo Económico de Juárez, organismo cooptado por empresarios que manipulan a su antojo y conveniencia a los gobiernos en turno (federal, estatal y local) para alcanzar fines específicos de ese grupo.

La “supersecretaria” estatal, es es el personaje de mayor peso de todo el gabinete de Javier Corral.

Como secretaria de Economía, es la responsable de las políticas implementadas por el gobierno en materia de minería, industria y comercio.

Ha participado en la Mesa Interinstitucional para decidir proyectos estratégicos de interés común y de urgente necesidad para la ciudad, sin embargo en ese grupo se han intentado imponer los intereses empresariales sin atender las verdaderas prioridades de Juárez, sobre todo en materia de atención de rezago social.

En noviembre de 2016, NORTE hizo público por primera vez que de la Vega financió la campaña política del actual presidente republicano Donald Trump, pese a que éste emprendió severos ataques contra los mexicanos. El financiamiento no solamente fue negado por De la Vega, sino hasta por el gobernador Corral, quien prefirió hacer caso omiso a las evidencias presentadas por la Comisión Federal de Elecciones de EU que identificó a Alejandra de la Vega como aportadora de 1.2 millones de dólares al Comité Nacional Republicano.

Una red vinculada a intereses particulares

Su afición y patrocinio al fútbol profesional es públicamente conocido.

La influencia de la red que integra Alejandra podría haberse conectado con intereses particulares, vinculados con el club de futbol FC Bravos, algunos de cuyos accionistas son miembros de Desarrollo Económico, con ligas en el Fideicomiso de los Puentes que administra el “Fondo Juárez”, para obras de infraestructura de la ciudad.

Empresarios de la misma asociación son quienes principalmente promueven la construcción de un nuevo estadio. 

Las redes de la complicidad alcanzan de la misma manera proyectos y objetivos anclados en la Mesa de Seguridad y Justicia, lideradas por empresarios afines a Alejandra, aliados e impulsores en el proyecto de construcción de un nuevo estadio de futbol, con el apoyo manifiesto del gobernador Javier Corral Jurado.

Así también ha tenido una significativa representación como consejera de Ficosec, donde el empresario mueblero Jorge Contreras Fornelli, (personaje cercano a Alejandra), ejerce el cargo como presidente del fideicomiso en Juárez y donde también ha sido consejero Mario Dena, actual representante del gobernador en Juárez (incondicional de Alejandra).

También Manuel del Castillo, consejero externo de Ficosec y vocero de los equipos deportivos de la familia de la Vega (desde Cobras hasta Bravos), junto a Mario Dena, son dependientes del liderazgo de Alejandra.

Los socios de Desarrollo Económico, Octavio Muñoz Corral, accionista de FC Bravos, Laura Ochoa Bermúdez y el ex director del mismo grupo empresarial Juan Carlos Sapién de Anda, aparecen como consejeros de FICOSEC, entre otros integrantes de los sectores empresariales.

Por otro lado, su hermana Lupita, expresidenta de Coparmex, desde hace cuatro años se ostenta —sin serlo legalmente—, como presidenta del Fidecomiso del Centro de Convenciones y es consejera de FECHAC e influye en las decisiones para priorizar las obras de infraestructura, financiadas con la recaudación de los puentes internacionales. En el fallido proyecto, figura también como co-responsable su compadre, Carlos Murguía, expresidente del fideicomiso de los puentes y también consejero de Fechac.

En Guadalupe de la Vega recae actualmente la presidencia del Grupo de la Vega.

En la composición del Fideicomiso de los Puentes Internacionales, también aparecen algunos de los mismos “líderes empresariales” de la ciudad: Alejandra como secretaria de Economía forma parte del Comité Técnico, el máximo organismo de toma de decisiones del fideicomiso. Guadalupe a su vez tiene voz y voto en el Comité de Inversiones, con el mismo poder de decisión que tiene el presidente municipal.

Juan Carlos Sapién de Anda, exdirector de Desarrollo Económico y Juan Carlos Talavera de Noriega, presidente de FC Bravos, ostentan la misma posición en este fidecomiso que recauda un millón de pesos diariamente, para obras de infraestructura de la ciudad y para la operación de los puentes.

El presidente de la Asociación Plan Estratégico de Juárez, Miguel Fernández Iturriza, quien junto con diversos miembros de su familia son socios de la exclusiva asociación empresarial, es consejero técnico del Fideicomiso de los Puentes.

Los exdirectivos de Desarrollo Económico, Benito Fernández Mesta y Luis Alberto Guzmán Castañeda; Luis Mario Dena y María Isabel Sánchez Quirarte, directora de la Mesa de Seguridad y Justicia, fungen en el comité de vigilancia del Fideicomiso de los Puentes.

El fideicomiso constituido para la construcción de un centro de convenciones y exposiciones, lo preside desde 2014 Guadalupe de la Vega, junto con un grupo de socios de Desarrollo Económico, como Juan Carlos Murguía Chávez y Miguel Fernández Iturriza, entre los empresarios mas visibles y más influyentes que administran este millonario fondo que se paga con una sobretasa al impuesto Predial.

Socios de Desarrollo Económico de Juárez, durante el periodo de los últimos tres gobiernos estatales completos y cinco administraciones municipales, han operado una iniciativa que ha dejado unos 350 millones de pesos, gastados en su gran mayoría, y ni siquiera se tiene una ubicación para su construcción después de 15 años de gestiones lo que podría representar un grave caso de fraude en perjuicio de miles de contribuyentes.

Esta red de “empresarios líderes” que parecen tener las conexiones más sólidas y diversificadas, como ellos dicen, para influir en las políticas pública a través de las figuras de los fideicomisos, ejercen una representación de diez mil empresarios de Juárez que pagan una sobretasa del impuesto Predial y 39 mil más cumplen con aportaciones extraordinarios a la hacienda estatal para financiar los programas de FICOSEC que adolece de serios problemas de transparencia y rendición de cuentas, lo cual quedó asentado por autoridades de fiscalización del Congreso del Estado y de lo cual Norte de Juárez dio cuenta.

Esta misma élite no se ha detenido a consultar a los miles de empresarios locales sobre el destino de sus aportaciones, ni a los residentes de Juárez se les pregunta qué hacer con su contribución diaria de un millón de pesos recaudados en los puentes internacionales.