Un año y medio después de que el Congreso del Estado de Chihuahua modificó el Código Penal del Estado de Chihuahua y la Constitución política de la entidad para tipificar como delito la violencia política contra la mujer, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó dicha reforma que fue impulsada por el PAN a través de la diputada Blanca Gámez.
El máximo tribunal de la nación consideró a través de una sesión virtual de los magistrados, que el Congreso del Estado de Chihuahua se había extralimitado al invadir competencias exclusivas del Congreso de la Unión, y concedió la razón a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos quien promovió la acción de inconstitucionalidad.
Por tal motivo fueron invalidados los artículos 30, fracción V, y el 198 del Código Penal del Estado que regulaban el delito y sanciones a imponerse a quien cometiera diversos actos calificados como violencia política de género, así como la medida de seguridad que tendría que dictarse para esos supuestos, según informó la SCJN.
El 21 de octubre de 2019, la CEDH promovió la acción de inconstitucionalidad 80/2019 contra la reforma aprobada por el Congreso de Chihuahua.
Ese mismo año los legisladores chihuahuenses emitieron también un exhorto al Congreso de la Unión y a los congresos de las entidades federativas, para que incluyan en el código penal de cada estado, el delito de violencia política de género, esto en el marco del 65 aniversario del derecho del voto de las mujeres en México.
La iniciativa impulsada por la mayoría de diputados panistas en el Congreso local, fue fundamentada por la diputada Blanca Gámez en función de que la paridad de género en candidaturas no garantiza la efectiva participación política de las mujeres en los procesos electorales.
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