El Tribunal Estatal Electoral (TEE) revocó el acuerdo IEE/CE73/2026, por lo que dejó sin efecto todas las actuaciones realizadas para hacer efectivo el instrumento de participación política de revocación de mandato promovido en contra del alcalde con licencia Cruz Pérez Cuéllar.
El TEE determinó que el procedimiento de revocación de mandato carece de viabilidad temporal, en atención al calendario electoral, para alcanzar su efecto útil.
El Consejo del Instituto Estatal Electoral (IEE) había aprobado el inicio del instrumento y los promoventes se encontraban en la etapa de recolección de firmas.
“Suponiendo sin conceder que el solicitante del mecanismo de participación ciudadana alcance el respaldo ciudadano requerido y que éste cumpla con los requisitos previstos en la legislación aplicable, existe una prohibición legal que impide llevar a cabo la jornada de votación, hasta en tanto no culminen los procesos electorales federal y local”, detalló la sentencia.
El proyecto de sentencia fue presentado por el magistrado presidente Hugo Molina y fue aprobado por unanimidad de votos el 21 de octubre, en atención a un Juicio para la Protección de los Derechos Políticos y Electorales de la Ciudadanía, bajo el expediente JDC-195/2026, promovido por Cruz Pérez Cuéllar y el acumulado RAP-196/2026 del partido político Movimiento Ciudadano.
La sentencia determinó que no resulta jurídicamente viable continuar con el procedimiento de revocación de mandato, al no existir condiciones jurídicas que permitan alcanzar el efecto útil del mecanismo.
El Tribunal consideró que existe una prohibición legal que impide llevar a cabo la jornada de votación del mecanismo durante el desarrollo de los procesos electorales federal y local.
En ese sentido, destacó que actualmente se desarrolla el Proceso Electoral Local, el cual inició desde el 1 de octubre y se prolongará hasta, por lo menos, el 31 de agosto de 2027.
También tomó en cuenta que el periodo constitucional para el cual fue electo Cruz Pérez Cuéllar culmina el nueve de septiembre de dos mil veintisiete.
“Procede dejar sin efectos la determinación mediante la cual se autorizó la etapa de obtención del respaldo ciudadano, así como el resto de las actuaciones que derivaron de ésta”, concluyó la sentencia.
Consideró que si bien es cierto que el instrumento de participación política está reconocido a nivel constitucional y por ende, es un derecho fundamental de carácter político-electoral de base constitucional, “no menos cierto es que tiene una configuración legal”.
Destacó que esa configuración legal establece las calidades, circunstancias, condiciones, requisitos o términos para su ejercicio por parte de la ciudadanía, como lo es, por ejemplo, “una restricción temporal para no llevar a cabo la jornada de votación de manera simultánea a los procesos electorales”.
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