La Comisión Nacional del Agua (Conagua) comenzó a tomar las primeras acciones para cancelar concesiones de pozos agrícolas utilizados para extracción y venta ilegal de agua en la ciudad.
Esto luego de la serie de publicaciones que Norte Digital empezó a difundir a principios del presente año dando cuenta de la existencia de un mercado negro del agua a nivel local.
Trascendió que, desde hace varios días, personal de la Conagua proveniente de la CDMX realiza diversas labores de supervisión en la ciudad y el Valle de Juárez.
Estas acciones están enfocadas a detectar puntos de extracción clandestina de pozos agrícolas, y a quiénes se benefician ilegalmente de esta actividad.
Extraoficialmente se manejó que, incluso, personal de la Conagua ha clausurado ya algunos pozos en los que se han detectado estas irregularidades.
Esta actividad irregular es desarrollada por particulares que desde hace mucho tiempo se aprovechan de las debilidades del sistema para disponer ilegalmente del acuífero.
El agua es extraída de pozos con permisos federales existentes fuera y dentro de la mancha urbana donde también funcionan balnearios carentes de permiso en muchos casos.
Esto lo hacen utilizando garzas de extracción instaladas de manera improvisada y sin las especificaciones técnicas requeridas, de las cuales se surten las pipas.
Quienes se han beneficiado de esta actividad aprovechan que los pozos agrícolas están exentos del pago de derechos, como apoyo a las labores de campo.
Chihuahua, junto con Sonora, Sinaloa, Veracruz y Michoacán, es una de las cinco entidades federativas con mayor volumen de agua concesionada al sector agrícola.
El Artículo 223, del Capítulo VIII, de la Ley Federal de Derechos, establece la obligación del pago del derecho sobre agua, a quienes usen, exploten o aprovechen las aguas nacionales.
Esto puede ser a través de una asignación, concesión, autorización o permiso, de acuerdo a la zona de disponibilidad de agua en que se efectúe su extracción.
Pero en el caso del sector agropecuario el pago de esos derechos se da sólo en el caso de que se rebase el volumen concesionado a cada distrito de riego.
No obstante, de un tiempo a esta parte la Conagua se ha visto limitada en su capacidad de supervisión debido a recortes de presupuesto.
Sin descartar asimismo posibles casos de corrupción, esto ha impedido la supervisión que permita detectar si los niveles de extracción son mayores a los autorizados.
Como consecuencia, en esta región se ha desarrollado una auténtica industria “pirata” en torno a la comercialización de agua concesionada al sector agrícola.
A fin de precisar la información recibida, Norte Digital solicitó la versión al respecto al área de Comunicación Social de la Conagua en el estado.
La respuesta fue que, por tratarse de acciones legales y con el fin de evitar el entorpecimiento de los procedimientos, la dependencia se reserva la información respectiva. Pero la dependencia no negó que estas acciones se estén llevando a cabo de manera reciente en la ciudad y otros puntos de la entidad.
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