El periódico nacional La Jornada evidenció más testimoniales sobre la coacción ejercida a empresarios, exfuncionarios, periodistas y colaboradores de la administración de César Duarte. Esto, con el fin de robustecer las carpetas de investigación de los llamados Expedientes X.
Fernando Reyes Ramírez, quien en 2017 era diputado local en funciones y fue imputado el mismo año por el delito de peculado, confirmó que durante su proceso penal sufrió violencia psicológica.
Relató que en muchos momentos fue presionado para declarar cosas que evidentemente «no eran ciertas».
Aseveró para Norte Digital que la administración de Javier Corral propuso el esquema de testigos protegidos a quienes verdaderamente incurrieron en la comisión de delitos y les permitió impunidad.
El 14 de septiembre, el exlegislador presentó una denuncia por la posible comisión de delitos en el ámbito de la procuración de Justicia. Lo anterior, contra los funcionarios visibles de la Operación Justicia para Chihuahua.
Ese día solicitó que la autoridad sancione gravemente a esas personas; «se aprovecharon (usaron) de delincuentes, que realmente son los delincuentes desviaron los recursos».
Me amenazaron con dejarme en prisión, amenazaron a mi familia, con inventarme no sé qué otros delitos. Y en algunos casos fabricaron culpables para efectos de cumplir con su deber. No quiero pensar cuántos en la cárcel estén así, dijo.
Ventilan antigua casa de Gobierno como centro de coacción
De acuerdo al reportaje, Javier Corral y los ministerios públicos designados para llevar a cabo la Operación Justicia para Chihuahua, emplearon la antigua casa de Gobierno, en la capital el estado, como centro de operaciones policiacas donde se empleó, incluso, la tortura psicológica.
Según información extraoficial, en diversos momentos personajes de la vida política, entre los que destacan políticos, proveedores y periodistas, quienes presuntamente recibieron cantidades económicas durante el duartismo, fueron citados para ofrecerles criterios de oportunidad y librar la cárcel.
En este caso estaría Ramón Herrera, exsecretario de Hacienda del Estado, entre otros.
Aproximadamente 18 personas decidieron acceder a dichos criterios, reintegrando el dinero reclamado. Sin embargo, no existió transparencia en la disposición de los recursos, o si realmente llegaron a las arcas estatales.
Según el medio, se les obligó a convertirse en testigos a diversos colaboradores. El objetivo era para que sus testimonios sirvieran como elementos para enjuiciar a aquellos que decidiera el gobierno de Corral Jurado.
De ahí, que en audiencias contra exfuncionarios imputados en la Operación Justicia para Chihuahua, se presentaban hasta 12 testigos en cada una de las diligencias. La mayoría desestimados por los juzgadores, quienes recientemente hallaban profundas discrepancias entre lo declarado y lo que exponía el Ministerio Público.
“Fiscales estatales aplicaban tortura psicológica y presionaban hasta que ya no se podía más. Te quebraban y, rendido, clamabas a los ministerios públicos ¡dígame qué quiere que declare! ¡Ponga en el papel lo que desee, pero termine ya!,” narró uno de los testigos.
Según la entrevista, testigos señalaron que si no cooperaban, la amenaza era de la cárcel, destruir a sus familias y catear sus domicilios. La meta era encontrar algo para culparlos de algún delito.
Otro de los testigos señala que “durante los interrogatorios, los fiscales jugaban con lo que uno decía. Siempre acomodaron las cosas para imputar a gente con la que uno ya ni trato tenía. O que por el solo hecho de haber sido tu jefe, tu compañero de área, te hacían que dijeras cosas que no te constaban ni estaban en tu responsabilidad como funcionario”.
Casa de Gobierno, otra promesa incumplida
Desde el inicio de su administración, Javier Corral se comprometió a establecer mecanismos para subastar la casa de Gobierno, y al no lograrlo, se comprometió a realizar un museo en el interior
Durante el quinquenio se observó un flujo constante de personas y vehículos; en un recorrido realizado por Norte Digital, se aprecia cómo el estacionamiento alberga unidades de la Fiscalía General, una ambulancia y otros autos particulares.
Los últimos años se construyó una barda de un metro para dividir las dos propiedades y se estuvieron realizando remodelaciones.
Los albañiles se fueron aproximadamente hace tres meses, comentó un oficial a cargo de la vigilancia. El lugar abarca una cuadra completa y cuenta con alberca, fuentes, jardines y lujosos menajes.
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