El observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad señaló que los gobernantes electos subestiman la extorsión y reaccionan tardíamente a este delito.
Así lo expuso en los resultados de su reporte semestral de incidencia delictiva.
“De las 15 personas que ganaron las elecciones a la gubernatura en 2021, ninguna consideró la extorsión como un tema prioritario de campaña”, indicó la agrupación civil.
A pesar de que durante la pandemia el monto promedio con el que se extorsionó a los comerciantes en Chihuahua incrementó 150 por ciento.
La organización evaluó los primeros seis meses de la gobernadora Maru Campos en el tema de extorsión, sin conseguir buenos resultados.
“Se observan algunas medidas incipientes contra la extorsión, pero estas son de corte reactivo y están centradas en las extorsiones cometidas vía telefónica”, indica.
En el estado la extorsión a comerciantes subió de 200 pesos en promedio a 500, durante los meses de pandemia; de acuerdo con la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes.
El estudio señala que, aparte de que no se ataca el delito en la entidad, las reformas contra ese delito, cuentan con acciones de inconstitucionalidad.
“El congreso local aprobó reformas para castigar con una pena de 30 a 70 años de prisión por extorsión. Esta reforma actualmente activó una acción de inconstitucionalidad; la SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación) argumenta que es una sanción desproporcionadamente alta”.
Agrega que el ataque al delito de extorsión en el estado no formó parte de la campaña electoral de Campos Galván.
«Solamente se ha comenzado a la implementación de la plataforma escudo en municipios prioritarios, así como el inicio de colaboración con la Fiscalía del Estado para la construcción de los centros de atención inmediata”, concluye el organismo al analizar el caso de Chihuahua.
“La extorsión fue el delito que más aumentó. Es preocupante que ninguno de los gobernadores que tomaron posesión en 2021, haya considerado acciones concretas para atender este delito”, apunta.
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