Marcela Guerra Castillo, diputada federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), propuso incorporar al catálogo de los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, el cierre de vías de comunicación, ya sea en rutas férreas, carreteras o casetas de cobro.
La medida sería de alcance nacional y podrá aplicarla cualquier autoridad jurisdiccional en estados y municipios.
El experto penalista César Cabello Ramírez, ratificó que de aprobarse la medida, nuestro país se encamina a un estado-policía.
Para el abogado, si alguien, durante las acciones de protesta comete un delito, debe ser detenido y sometido a juicio.
«Pero de ahí a modificar la Constitución y reformar el Código Penal para fincar cargos en contra de la libre manifestación, es un abismo», declaró.
En el dictamen de la legisladora Guerra, se indica que en los últimos meses hubo cierres arbitrarios de vías de comunicación a lo largo del país, ya sea por contingentes de manifestantes, o grupos de la delincuencia organizada.
Manifestaciones en casetas representan pérdidas millonarias
Además representan pérdidas económicas millonarias para el comercio mexicano, dijo.
Para Guerra, las acciones actuales de los gobiernos para evitar bloqueos no son suficientes. Por esto se deben buscar mecanismos que permitan salvaguardar las vías de comunicación terrestre y el flujo de mercancías.
Con la propuesta, se busca reformar el artículo 19 de la Constitución con el objetivo de desincentivar que manifestantes o grupos criminales ejecuten estas acciones.
La diputada priista recordó que el cierre de vías del tren en Michoacán conlleva una pérdida de más de 150 millones de pesos de acuerdo con la Asociación de Industriales de Michoacán.
Asimismo, dijo que la pérdida económica por la toma de casetas en los primeros 2 años del Gobierno Federal se estimó en 7 mil millones de pesos. Esto, según datos de empresas privadas concesionarias de autopistas y carreteras de cuota, así como Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos.
En promedio, se perdieron 2 mil millones de pesos por interrupciones en las cadenas de suministro, complementa.
Despropósito, cárcel a manifestantes: Cabello
El abogado César Cabello aseveró como un despropósito que a todos los que organizadamente se pongan a tomar casetas, se les busque meter a prisión.
Dijo que un gobierno debe prevenir que se presenten estallidos sociales y «evitar que se tomen (casetas) y atender el reclamo que manifiesten’.
Estas son las acciones que distinguen a un estado-policía y totalitario, y los legisladores deben trabajar por un estado con más libertades, afirma.
«Si de por sí este Gobierno nos las está quitando y además está militarizando el poder», señaló.
El penalista refiere que al habilitar el poder punitivo mediante la prisión preventiva oficiosa a quien tome las casetas de peaje, la autoridad olvida que en un estado democrático debe existir una fórmula para acotar el castigo arbitrario y solo penalizar a quien cometa un delito.
El legislador, en general, quiere encargarle todo al derecho penal y lo único que se le ocurre es más prisión oficiosa, finalizó Cabello.
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