El abogado del comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), solicitó un amparo para su defendido, sin embargo, no hay aún una resolución y esperan que se otorgue favorablemente, aunque de no hacerlo se irían a otras instancias, incluyendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Acerca de las resoluciones de los jueces de Juárez contra los imputados en general por el caso de los 40 muertos y 27 lesionados en la estación migratoria donde fue el incendio el 27 de marzo, mencionó que todas o casi todas “son ilegales”.
Rodolfo Pérez Velázquez, defensor de Francisco Garduño, explicó que el proceso para que se dé la suspensión podría tardar meses todavía, aunque tienen confianza no solo en que se le otorgue, sino en que el caso se caiga por completo y la mayoría de los imputados queden exonerados.
Incluso los dos migrantes señalados de forma directa como los responsables de iniciar el incendio, mencionó que no tenían la intención de cometer ningún homicidio doloso, como ha sido el delito que se les imputa. Consideró que “es una aberración” dicha acusación.
Agregó que es una gran injusticia la que se está cometiendo, porque hay detenidos que ni siquiera estaban en el lugar de los hechos el día 27 de marzo pasado y ni siquiera era su responsabilidad la atención directa de los migrantes retenidos, por lo que consideró que se ha actuado “con exceso” contra ellos.
Subrayó que todas o casi todas las resoluciones de los jueces de Juárez “son ilegales”.
Acerca del amparo, mencionó que tardaría “bastante” y más porque se impugnó la inconstitucionalidad del Artículo 314 segundo párrafo que el Juez aplicó, porque no admitió el dictamen en criminalística que tenía relación con el video donde aparecen las imágenes de los migrantes comiendo, tomando agua y el lugar como estaba, lo cual contradice la acusación de que no contaban con esos servicios el día de la tragedia.
“Está mal la resolución del Juez o el artículo es inconstitucional, porque no permite que pruebe el imputado. O sea si lo que le están atribuyendo es que no había comida, que no había bebida y que había hacinamiento en el lugar, el video demuestra que no y es muy claro… y el Juez no lo quiso ver”, anotó.
Pérez Velázquez dijo que por eso consideran que hubo una violación al derecho a probar una defensa adecuada en un procedimiento, como lo fue la audiencia inicial.
Agregó que la presentación del video tampoco ningún juez les permitió verlo en la defensa de los que tenían prisión preventiva oficiosa, que fue el argumento para no permitirle al comisionado Garduño mostrarlo, a pesar de que también al funcionario federal referido se le impuso una medida de carácter personal, que fue la presentación periódica cada semana para estampar una firma, lo cual restringe su libertad.
Enfatizó que el Juez de forma indebida no aceptó el video ni el dictamen y debió haberlo hecho y en contraparte vinculó a proceso a Garduño.
El abogado del comisionado comentó que la audiencia constitucional para resolver lo del amparo será en aproximadamente una o dos semanas y luego ya se pasaría a un proyectista, quien tardaría entre un mes y mes y medio extra, con un tiempo total que puede llegar hasta los cuatro meses y más porque tiene el tema de inconstitucionalidad.
Dijo que el amparo debe darse por lo menos para que se reponga la audiencia y se obligue a los jueces a tomar en consideración el video y el dictamen.
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