La detención de Galdino Peña Jacinto alias El Monster, siendo policía municipal en activo en Ciudad Juárez, evidencia que, en distintos municipios de México, existe un cartel uniformado, en el que alcaldes y gobernadores les dan placa a sicarios, expuso este lunes Adrián LeBarón.
Es obligado preguntarse -añadió- cuánto dinero está metiendo el cartel en las campañas políticas, como para que les permitan contratar gente como El Monster, sin investigarlo.
Al acudir a una reunión con funcionarios municipales, en compañía de su sobrino Julián LeBarón y al menos otros veinte integrantes de su familia, Adrián lamentó que este tipo de casos se estén repitiendo en todo México, donde sicarios son ocupados como policías municipales.
“Lo que más preocupa es que el presidente municipal o el gobernador les den placa; para mí son sicarios, es un cartel uniformado, y eso es lo que nos tiene muy jodidos como ciudad, como municipio, como estado”, afirmó.
“¿Cuánto han de haber pagado para que los ocupen en esa situación? ¿Cuánto está soltando el cartel en las campañas, para que puedan entrar y no ser verdaderamente investigados?”, cuestionó.
Dijo que como como familias, su necesidad es denunciar, “porque si no lo hacemos nosotros, pobre México, se nos va a seguir descomponiendo”.
Desde ayer, el también activista Julián LeBarón, anunció en su cuenta de X, que llegarían a Juárez a exigir la renuncia del presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar, y del secretario de Seguridad Pública César Omar Muñoz Morales.
“Venimos aquí para darle a conocer a los juarenses, el peligro que corren sus familias, por el hecho de que ha sido detenido un sicario que participó en la masacre de mujeres y niños”, señaló Julián en una declaración a medios minutos antes de ingresar al edificio municipal.
Al tener a delincuentes en la nómina están poniendo en peligro a todas las familias juarenses, entre quienes -dijo- mueren asesinados mil 200 personas cada año.
Respecto al expediente que se abrió por la masacre del 4 de noviembre de 2019, con el saldo conocido de seis niños y tres mujeres masacradas, lamentó que, aunque hay 36 detenidos, a la fecha no se haya dictado una sola sentencia.
Incluso reveló que, de acuerdo con la investigación paralela que se realiza en Estados Unidos, porque las víctimas tenían doble nacionalidad, tienen información de que en la emboscada participaron más de cien personas.
“Es imposible que 100 sicarios armados hasta los dientes, se paseen por el noroeste del estado de Chihuahua, sin el conocimiento y la complicidad de las instituciones y por eso estamos pidiéndole a Estados Unidos que nos ayude a investigar a esos actores”, indicó.
Ambos integrantes de la familia LeBarón, que viajaron este día en caravana desde su lugar de residencia, pidieron a la sociedad fronteriza no ser cómplice de estos hechos.
Las sociedades débiles nunca han sido libres y por eso nosotros tenemos que superar el miedo, para reclamar nuestro país y nuestra libertad, expresaron.
Recordaron que de entre las tres mujeres asesinadas aquel 4 de noviembre de 2019, Dona era madre de tres hijos, Cristina de seis y Rhonita de siete, y quienes los asesinaron, les hicieron más de 3 mil 500 disparos.
Este crimen no tiene perdón, vamos a buscar a todos los responsables hasta las últimas consecuencias, advirtieron.
Otros datos preocupantes de la investigación, dijeron, es que antes de la captura de El Monster, la Fiscalía ya había detenido al director de Seguridad Pública de Janos, Fidel Alejandro Villegas, por participar en la masacre.
Reprocharon el hecho de que militares del 35º Batallón de Infantería, los hubieran detenido casi nueve horas cuando iban en camino a rescatar a sus familiares, el día del multihomicidio.
“La complicidad de nuestro silencio, ya no la van a tener estos hijos de la chingada”
Es evidente que existe complicidad en todos los niveles, y aunque seguramente hay policías honestos y buenos, el peligro está en la impunidad de los que cometen estos actos y no son castigados, agregaron.
Sostuvieron que es difícil enfrentar a un enemigo que está “legalmente armado”, como los policías, cuyo sueldo es pagado con dinero público.
Es inaceptable que, con recursos públicos, se les esté pagando un sueldo a personas que han participado en la masacre de mujeres y niños, señalaron.
“El alcalde y el secretario de Seguridad Pública municipal no pueden evadir esa responsabilidad, como no la estamos evadiendo nosotros en venir a denunciar; ya perdimos el miedo, estamos dispuestos a dar la vida, porque no podemos heredarle este ejemplo de cobardía y de silencio a nuestros hijos”, remarcaron.
Finalmente, Julián LeBarón planteó que la solución a este problema, tiene que venir de una sociedad enardecida, que no acepte a autoridades que se coluden y asesinan y nos ponen a todos en peligro.
“Eso mata la paz, mata la prosperidad y termina descomponiendo todo; nosotros como ciudadanos, venimos a decir que la complicidad de nuestro silencio, ya no la van a tener estos hijos de la chingada”, remató.
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