La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo advirtió que las acusaciones contra un gobernador y nueve personajes de la política estatal tienen intenciones políticas, y dejó en claro que no permitirá injerencia de un gobierno extranjero en asuntos nacionales.
“Es evidente que el objetivo de estas imputaciones es político”, sentenció la jefa del Ejecutivo.
En un mensaje emitido durante la Mañanera de este 30 de abril, respondió a los señalamientos del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otras nueve personas, entre ellas un senador y un presidente municipal.
“No vamos a permitir que un gobierno extranjero venga a decidir”, subrayó tras dar lectura a su posicionamiento.
Durante su mensaje, la mandataria sostuvo que la postura de su administración se rige por tres principios: verdad, justicia y defensa de la soberanía.
La tensión escaló luego de que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York hiciera pública una “acusación de reemplazo” que involucra directamente a Rocha Moya, a un senador y al alcalde de Culiacán.
Este anuncio generó un extrañamiento por parte del área jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), al considerar que este tipo de procesos deben mantenerse confidenciales, conforme a los tratados internacionales.
“Nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito”, afirmó la presidenta, aunque puntualizó que también se debe actuar con base en pruebas claras.
Sheinbaum informó que la Fiscalía General de la República (FGR) ya recibió la documentación enviada por Estados Unidos, pero aclaró que esto no implica detenciones automáticas.
Explicó que, conforme a la Constitución y al Código Nacional de Procedimientos Penales, la FGR deberá realizar dos tareas:
Primero, la evaluación de las pruebas, para determinar si contienen elementos “contundentes e irrefutables” bajo la legislación mexicana.
Y segundo, una investigación propia, para verificar si los señalamientos tienen fundamento legal que permita solicitar órdenes de aprehensión en el país.
La presidenta reiteró que México mantiene una relación de iguales con otras naciones y rechazó cualquier intento de “entreguismo”.
Advirtió que para que una autoridad judicial mexicana emita una orden de captura se requieren datos de prueba suficientes, no solo acusaciones externas.
“Bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión en las decisiones que le competen exclusivamente al pueblo de México”, concluyó, al cerrar filas en torno a las instituciones nacionales frente a lo que calificó como una posible maniobra política desde el exterior.
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