¿Será el 2019 otro año de impunidad de César Duarte?

César Duarte Jáquez es hoy por hoy el personaje mexicano más buscado por autoridades mexicanas que esperan un gesto de buena voluntad del gobierno de los Estados Unidos para que sea extraditado y rinda cuentas por el presunto desvío de 6 mil millones de pesos, según los expedientes de 21 órdenes de aprehensión en su contra.

Esta semana, Sin Embargo da a conocer que el exgobernador priista de Chihuahua ha cumplido ya 1 año y 9 meses prófugo de la justicia.

No existe otro caso igual en la historia de México, reconoce el reportaje de la periodista Dulce Olvera.

La primera solicitud de detención del ex Gobernador Duarte data del 28 de marzo de 2017 a la par que la ficha roja lanzada por la Policía Internacional (Interpol) el 31 de marzo de ese año. Los delitos de peculado agravado y delito electoral tienen una penalidad que oscila entre los cuatro y 12 años de prisión cada uno. Duarte Jáquez es el mismo político que Enrique Peña Nieto puso como ejemplo del “nuevo PRI” durante su campaña rumbo a la Presidencia de México en 2012.

Para otros políticos mexicanos, el caso de César Duarte, representa el rostro de la corrupción del decadente PRI. 

No había concluido el sexenio de Enrique Peña Nieto cuando los escándalos de corrupción alcanzaron a sus gobernadores insignia como Javier Duarte de Ochoa y Roberto Borge Angulo quienes están presos, y Duarte Jáquez, hoy considerado prófugo de la justicia.

El 4 de septiembre, la Fiscalía General del estado de Chihuahua obtuvo de los jueces locales cinco nuevas órdenes de aprehensión, que se planean integrar a la solicitud de extradición y se entregarán a la Procuraduría General de la República (PGR) hasta que concluyan los nombramientos oficiales de la dependencia, dijo el fiscal César Augusto Peniche.

El dictamen de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República ha sido aprobado por la Cámara de Diputados y el Senado, y el Ejecutivo Federal está en sus efectos constitucionales. A más de cuatro años de la publicación de la Reforma Política constitucional la Fiscalía no se ha constituido. Una de las propuestas del Presidente Andrés Manuel López Obrador para ser el Fiscal General es Berardo Bátiz y Vázquez, ex Procurador de Justicia del Distrito Federal (2000-2006).

Estas órdenes de aprehensión se sumaron a las 15 ya existentes de orden local por peculado por más de mil 230 millones de pesos y una federal solicitada por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) por peculado electoral por 14 millones de pesos hacia la campaña política en 2015.

Del cúmulo de solicitudes de detención, el entonces encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, informó en enero que presentarían las solicitudes formales de extradición con base en tres órdenes, incluyendo la de la Fepade. Ante la falta de avances, el gobierno de Chihuahua realizó una Caravana por la Dignidad Unidos con Valor contra la Corrupción de Ciudad Juárez a la Ciudad de México para que se concretara.

Desde septiembre de 2017, el Gobierno de Chihuahua entregó ante la PGR la solicitud formal de detención con fines de extradición sustentada en varias cajas con 70 tomos y 50 discos compactos que contenían todas las carpetas de investigación, con las pruebas en las que se basaron los distintos jueces penales de control para emitir, en ese entonces, diez órdenes de aprehensión.

Casi un año después, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) titulada por Marcelo Ebrard Casaubón pidió una extradición al gobierno de los Estados Unidos, dio a conocer el ex titular de la Fepade, Santiago Nieto Castillo.

La Ley y el Tratado de Extradición confiere en exclusiva a la PGR y a la SRE la potestad de solicitar a otra nación la extradición de un presunto delincuente.

Además, el Gobierno de Chihuahua tiene asegurados un conjunto de 37 inmuebles de Duarte entre ranchos, edificios y viviendas. El Fiscal General, César Peniche Espejel, informó que el valor de todos los predios asegurados al ex Gobernador de más de 40 mil hectáreas superan los 100 millones de pesos con independencia de la infraestructura, maquinaria, animales y semovientes.

A los desvíos y los cateos se añade que la Auditoría General del Estado de Chihuahua denunció en agosto ante la Fiscalía estatal el posible desvío de recursos por seis mil millones de pesos durante el Ejercicio Fiscal del año 2016 en la administración encabezada por Duarte Jáquez, con la implicación de 43 ex funcionarios públicos.

Duarte Jáquez también es señalado de ser accionista del Banco Unión Progreso, creado el 21 de marzo de 2014 y fundado por ex el Secretario de Hacienda, Jaime Ramón Herrera Corral. A través del contrato de un fideicomiso por 65 millones de pesos adquirió el 15 por ciento de las acciones.

¿QUIÉN PROTEGE A DUARTE?

En junio de 2016, el abogado y activista Jaime García Chávez informó a que un juzgado español giró una orden de embargo en contra de las propiedades de Duarte Jáquez, luego de que procediera una demanda de la empresa ACM, fabricante de invernaderos de cristal y plástico en España, que acusó al priista de intentarle pagar con dinero público parte de un adeudo personal que asciende a 3 millones 760 mil 570 dólares.

La primera orden de aprehensión data del 28 de marzo de 2017, la cual libró la Fiscalía de Chihuahua en el marco de su investigación sobre el desvío de 246 millones de pesos de la Secretaría de Educación local a través de cuatro empresas fantasma.

Tres días después, el 31 de marzo, la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitió la ficha roja contra el ex Gobernador de Chihuahua. Las autoridades estatales señalan que vive prófugo de la justicia en El Paso, Texas, Estados Unidos. Lo último que se ha reportado sobre Duarte es que obtuvo una suspensión provisional para frenar la “Expo impunidad. El saqueo” inaugurada por el gobierno de Javier Corral el mes pasado.

Una de las órdenes de aprehensión, emitida por un juez local en diciembre de 2017, deberá pasarse a orden federal. El 7 de diciembre de este año el Primer Tribunal Colegiado Penal de Toluca dejó sin efecto la orden de aprehensión contra el ex Gobernador César Duarte por su posible relación con el desvío de 246 millones de pesos,  ya que los recursos son del ramo educativo, considerados federales y no del fuero estatal.

“El Juez competente para conocer del delito de peculado cuando el bien jurídico se trata del patrimonio de la Federación, lo es un Juez federal en materia penal y no el del fuero local”, expone el amparo. Desde julio, un juez de Distrito en el Estado de México dictó un amparo en favor del ex Gobernador César Duarte contra esa orden de aprehensión.

El Consejero Jurídico de Chihuahua, Jorge Alberto Espinoza Cortés, explicó que la acción implica que deberá ser un juez federal quien libre la orden de detención y no el juez local que lo hizo. “En realidad César Duarte no ganó nada”, afirmó.

LAS ÓRDENES DE APREHENSIÓN

“No hay en la historia de México, ni de Chihuahua, no hay un solo caso de un ex funcionario público que haya acumulado tal cantidad de órdenes de aprehensión en su contra por delitos de corrupción política. No existe otro caso igual en la historia de México”, resaltó el Gobernador Javier Corral Jurado en octubre.

En noviembre de 2014, cuando César Duarte era gobernador, el abogado Jaime García Chávez, dirigente del Movimiento Chihuahuense Unión Ciudadana, denunció al priista por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y bancaria ante la Procuraduría General de la República (PGR), así como al ex Secretario de Hacienda estatal, Jaime Ramón Herrera Corral, y al Diputado federal Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga, quien posteriormente murió en un accidente.

Tres años después, en marzo de este año, la dependencia a través de la Unidad Especializada de Análisis Financiero determinó que no existen elementos para el proceso de esa denuncia.

Pero a nivel estatal, el gobierno de Corral Jurado ha continuado la indagación mediante la Operación Justicia para Chihuahua. Hasta la fecha, hay 21 órdenes de aprehensión en contra de César Duarte: 20 de orden local por el desvío de recursos públicos y una federal por peculado electoral. Corral confía que la Fiscalía General del gobierno de Andrés Manuel López Obrador las lleve a cabo.

La orden de aprehensión de orden federal fue obtenida en junio de 2017 por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), todavía bajo la dirección de Santiago Nieto Castillo, actual titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.

Con base en 40 testimonios documentados sobre el destino de los recursos, el ex Gobernador César Duarte es acusado de retenciones salariales al descontar entre el 5 y 10 por ciento del salario a 700 empleados para entregarlos al PRI estatal con fines electorales. En total se retuvieron 14 millones 600 mil pesos solo en 2015, acreditó la Fepade. El dinero en cheques era retenido por la Secretaría de Hacienda estatal para pasarlo al partido a través de una empresa.

En diciembre de 2016, la Secretaría de la Función Pública de Gobierno de Chihuahua presentó la denuncia ante la Fepade por las retenciones. Según sus datos, de enero a diciembre del 2015, y únicamente considerando las retenciones de la Administración Pública Estatal centralizada, el monto asciende a 14 millones 617 mil 881 pesos. En tanto que el total retenido al sector centralizado, y entregado al PRI durante la administración 2010-2016, superaría los 79 millones de pesos.

Ante ello, desde el 11 y 12 de septiembre de 2017 la Fiscalía General de Chihuahua y la Fepade solicitaron la extradición de César Duarte.

“Es un asunto que se encuentra en la Fepade. Necesita mantener el caso ante los órganos jurisdiccionales como se desarrolló durante la etapa en que yo fui titular que logramos la orden de aprehensión en contra de César Duarte. Es muy importante mandar un mensaje de que todos los casos de corrupción tienen que ser sancionados, sobre todo cuando existen ya en este momento las 16 órdenes de aprehensión en contra de este personaje que terminó desviando recursos públicos y generando un banco privado con bienes públicos, lo cual es absolutamente incompatible con un estado democrático”, dijo en entrevista previa Nieto Castillo.

Actualmente la Fepade, que estaba dirigida por el Fiscal Héctor Díaz Santana, solo tiene encargado de despacho. La propuesta del Presidente Andrés Manuel López Obrador desde enero es María Estela Ríos, su ex Consejera Jurídica en el gobierno del Distrito Federal (2000-2006).