Chihuahua. – La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tomó como base controversias constitucionales presentadas por alcaldes de Chihuahua, para ordenar al Congreso de la Unión expedir una nueva Ley General de Aguas durante el próximo periodo ordinario de sesiones.
Las quejas de septiembre del año 2020 originalmente se levantaron contra la resolución del Poder Ejecutivo federal; esta consistió en usar el agua de la presa La Boquilla para pagar deudas derivadas del Tratado Internacional de Aguas de 1944.
En el estudio, prolongado casi dos años, los munícipes lograron que la SCJN dictaminara que el Congreso federal incurrió en una “omisión legislativa absoluta”; ahora está obligado a crear una nueva que regule el uso de las aguas nacionales.
Lo anterior, toda vez que no se incorporó al marco legal vigente “el derecho humano al acceso al agua”; cuyo ordenamiento debió aplicarse a partir de una reforma del 18 de febrero de 2012.
Pese a lo anterior, la Corte no dio la razón a los municipios demandantes ante el planteamiento de “una incorrecta la actuación del Gobierno federal de disponer del agua del estado”.
Según los alcaldes, la Federación “contradecía las atribuciones de los ayuntamientos sobre acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico”.
Controversia con municipios de Chihuahua
Pero el Pleno de la Suprema Corte incluso rechazó que fuera obligación del Gobierno federal coordinarse con los municipios para disponer de esas aguas.
“La disposición de recursos hídricos para dar cumplimiento a un tratado internacional es un acto concreto de dominio sobre dichas aguas, que es una atribución exclusiva del Ejecutivo, por lo que no requiere participación de las autoridades estatales o municipales para ser tomada ni ejecutada”, se lee en la resolución.
Con esto, se ratifica que el Gobierno federal puede usar, en cualquier momento, el agua para el pago del tratado.
Como se recordará, la entrega de agua entre México y Estados Unidos está prevista en un tratado celebrado entre ambos países en 1944; para el aprovechamiento del agua de los ríos Colorado y Bravo, en Tijuana.
El Pleno de la SCJN fortaleció el ordenamiento de una nueva Ley General de Aguas, al resolver las controversias constitucionales anteriormente mencionadas.
En este caso, por parte de los ayuntamientos de Aquiles Serdán, Namiquipa, Manuel Benavides, Balleza, Huejotitán y Buenaventura.
Aunque se tomaron en cuenta los dictámenes de seis municipios, en el proyecto elaborado por el ministro Javier Láynez, se analizaron un total de 18 controversias interpuestas por alcaldes del Partido Revolucionario Institucional, que se encontraban en funciones el año de su presentación.
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