Sectores reclaman al IMIP su incumplimiento de responsabilidad técnica en el puente de la Vicente

Roberto Mora Palacios, director del Instituto Municipal e Investigación (IMIP), en una reunión con sectores empresariales y organizaciones sociales, explicó que por razones presupuestales y para ahorrar tiempo, se decidió la construcción del puente de la Vicente Guerrero en lugar de un paso subterráneo.

Durante la reunión, los ciudadanos le enumeraron al funcionario el incumplimiento de  diversas disposiciones y vacíos legales de los que adolece el proyecto que el Municipio autorizó a la empresa Ferromex.

También externaron que es inaceptable que se trate de justificar que por razones de insuficiencia presupuestal se autorizó la construcción de un paso superior porque esta necesidad se puede subsanar, en parte, con los 37 mil millones de pesos que el Gobierno Federal cobró de impuestos en el último año en Ciudad Juárez.

Durante la reunión, celebrada el pasado 21 de octubre, el director del IMIP compareció ante  empresarios de la ciudad a quienes les aseguró que el proyecto es producto de un estudio.

Confirmó que el puente en construcción desde el 26 de septiembre, tiene como objetivo sacar del Centro Histórico, 100 mil vehículos semanales. Recalcó que no es para tener acceso a la zona.

El empresario Pablo Cuarón fue el primero en cuestionar a Mora sobre las razones que los llevaron a determinar que el puente sería superior en un lugar de uno subterráneo.

También le preguntó de qué tamaño sería el daño causado a la convivencia y a la apropiación de los espacios públicos de los juarenses.

Mora respondió que el paso deprimido disparaba los costos y el tiempo, lo cual resultaba inaceptable para los comerciantes, porque entonces la obra se hubiera prolongado 24 meses en lugar de 15, como está programado.

Negociaciones privadas

El empresario también reclamó el hecho de que no hubo socialización ni consenso para determinar que el puente sería elevado.

Dijo que no podía imaginarse cómo un asunto de tal envergadura para la ciudad, fue negociado por el alcalde en privado con Ferromex, en el centro del país y cómo fue que eligieron la alternativa menos conveniente.

Cuestionó que el proyecto respaldado por el Municipio va en contra de las tendencias mundiales que privilegian la integración de los espacios en sus centros históricos, en lugar de fragmentar y dificultar los accesos, como se hace en Ciudad Juárez con el puente en construcción.

Riesgo de catástrofe en la mancha urbana

Jaime Beltrán, presidente de la Asociación de Profesionistas Inmobiliarios, expuso que las cargas peligrosas del ferrocarril pueden ocasionar una explosión en medio de la ciudad, y aunque Mora lo negó al principo, terminó aceptando que Ferromex transporta y seguirá transportando los mismos materiales peligrosos.

“No estamos para que nos pisoteen”, reclamo Beltrán al mismo tiempo que golpeteaba la mesa con sus palma de la mano.

“Todo esto es porque Cruz no puede ponerse de acuerdo con la gobernadora… pero no se puede decidir por una obra de relumbrón que va a dañar a la ciudad porque no me pongo de acuerdo con la gobernadora”, alzó su voz el empresario.

“Estás dañando el Centro Histórico”

Fue más allá al decirle al director del IMIP que su trabajo es cuidar los aspectos urbanos de la ciudad y no lo está haciendo.

“No estás cuidando, estás dañando el Centro Histórico”, espetó Beltrán al funcionario municipal, quien se limitaba a decir que respetaba su opinión.

Sostuvo que el proyecto reducirá más de la mitad el valor de las propiedades que se encuentran abajo, en el entorno del puente, y recordó que ya ocurrió con el paso subterráneo de la 16 de Septiembre.

Piden un proyecto que beneficie a todos no solo a Ferromex

Según Mora, durante la primera administración de Cruz Pérez Cuéllar, se preguntaron qué proyectos estaban pendientes, con potencial de ser rescatados, de tal manera que salió el puente de la Vicente Guerrero y el alcalde empezó sus gestiones ante la  Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes  (SICT) y con la empresa Ferrocarril Mexicano (Ferromex).

Mora dijo que después de diez años, el Gobierno Federal volvió a ocuparse de esta necesidad.

Cristian Velázquez, representante de Coparmex, señaló que los empresarios de la ciudad trabajan en favor del bien comunitario y señaló que la perspectiva del presupuesto y el tiempo de la ejecución de la obra pueden minimizar algunos impactos con exenciones de impuestos a los comerciantes, además de considerar algunas estrategias de financiamiento de la obra.

Recordó a Mora que el IMIP se posicionó en defensa del patrimonio histórico cuando se vio amenazado con la edificación de la Torre Centinela, lo cual valió su reubicación; mientras que ahora con el puente elevado no se generaron los mismos consensos para defender lo mismo, por lo que antes se peleó por el bien común.

Precisó algunas de las contradicciones del proyecto que anulan el derecho de la movilidad de los peatones y personas con discapacidad y cuestionó por qué el Municipio tiene que subsanar con sus propios recursos públicos esta deficiencia de origen.

“Hoy sabemos que no se cuenta con el visto bueno del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), se carece de las manifestación de impacto ambiental de los tres niveles de Gobierno”, cuestionó Velásquez.

El también abogado puso de manifestó que Ferromex, a causa del título de la concesión otorgada por el Gobierno Federal, tiene la obligación de construir las obras de convivencia ferroviaria con el presupuesto convenido con la SCT.

Juárez le generó a la Federación 37 mil millones de pesos

Informó que la ciudad generó 37 mil millones de pesos en impuestos federales en el  último año,  “por lo cual resulta inaceptable que nos digan que no hay más dinero para una mejor infraestructura para beneficio de todos los juarenses, no solo para la mejora del servicio de la empresa ferroviaria”.

Consideró que Ferromex debe responder por el incumplimiento de los términos de diversas leyes y normas.

También cuestionó la laxitud con que se permitió la construcción del puente sin los mecanismos previstos en materia de seguridad y protección de la población en caso de una emergencia, ya que atraviesa la ciudad y concentra sus cargas de químicos y explosivos en el mismo cuadro de la ciudad.

Recordó al director del IMIP que tiene una responsabilidad técnica y de paso le cuestionó por qué no estaba presente Claudia Verónica Medina, la directora de Desarrollo Urbano.

Velásquez recordó que la afectación del proyecto impacta antes de su construcción, en  muchos campos de la vida social y económica de los juarenses  y que la única respuesta a esta problemática es estructural.

Las vías lejos de la ciudad

Martín Tafoya y María Antonieta Ríos, de Conciencia El Chamizal, activistas medioambientales, participaron en esta reunión con preguntas y propuestas.

De igual manera, la diputada María Antonieta Pérez (Morena)  escuchó la presentación y los cuestionamientos de los representantes de los diversos sectores.

La legisladora dijo que después de tres meses del derrame de 53 mil litros de ácido en la zona de Villa Ahumada, es hora de que Ferromex no presenta un plan de remediación ambiental.

“Pregunte en la delegación de la SICT en Chihuahua, si el incidente hubiera sido en Ciudad Juárez y me confirmaron que el escenario sería catastrófico”, manifestó la diputada.

Consideró que el principal ausente de la reuniones son los representantes de Ferromex.

“Que vengan a explicarnos por qué si es una empresa multimillonaria, por qué no sacan las vías del tren de la ciudad”, finalizó Pérez.

Antecedentes de la convivencia de la ciudad y el tren

La reunión llevada a cabo en las instalaciones del IMIP tuvo la intención de socializar el proyecto con los representantes de Coparmex, mediante la exposición del mismo Mora Palacios.

El director del IMIP abrió la conversación diciendo que el proyecto no es un “capricho” ni ninguna ocurrencia, sino producto de un estudio técnico.

Ofreció datos conocidos por los juarenses:

• El 2004 se descarriló el tren a espaldas de la Presidencia Municipal, cargado con ácido sulfhídrico y otros productos químicos peligrosos y explosivos.

• Desde entonces, los tres niveles de Gobierno acordaron que la solución era reubicar las vías del tren a la zona de Jerónimo-Santa Teresa, lo cual tardaría años en concretarse, ya que se requiere de la autorización de dos países y la voluntad de las empresas ferroviarias.

• Hasta ahorita no existe una acuerdo serio entre los actores relevantes para concretar el cambio de las vías.

• Durante el sexenio del gobernador César Duarte Jáquez, se contrataron los servicios de un despacho que diseñó un proyecto, solo que con el cambio de administración se suspendieron las gestiones por revanchas partidistas.

• A raíz de lo anterior, se acordó el Programa de Convivencia Ferroviaria, con la construcción de los puentes en el bulevar Norzagaray y simultáneamente el paso inferior de la 16 de Septiembre y el distribuidor vial de la Sanders en el 2014 y luego el tema perdió continuidad con los cambios de gobierno.

Finalmente, los participantes expusieron al director del IMIP que mientras no haya un proyecto de reubicación de las vías, cualquier cosa que se diga al respecto es hablar al aire o en la nada.