No pasa un día sin que la prensa exhiba casos de corrupción, tráfico de influencias o el uso de recursos del Estado para asuntos personales por parte de funcionarios o militares en México.
Este tipo de actos son cada vez más comunes, recurrentes y probados. Pero no pasa nada. No falta incluso un comentario sarcástico presidencial para exponer el nivel de descaro al que se ha llegado.
“¿Cuál es el problema?”, responde el presidente López Obrador cuando se le presentan este tipo de casos.
Tenemos que aprender –lamentablemente– de cómo se están abordando este tipo de situaciones en otros países para tener la valentía y convicción de fiscalizar más a nuestros políticos y funcionarios deshonestos y a sus cómplices.
En Singapur opera –y se le respeta– al Buró de Investigación para Prácticas Corruptas. Las condenas más altas se reservan para quienes se apropian de dinero destinado a los temas sociales más delicados, como programas de salud y educación, o para atender a niños pobres y ancianos desprotegidos.
El sistema es muy interesante: en una investigación de corrupción se declara la presunción de culpabilidad y no hay que demostrar la culpabilidad del acusado… ¡sino su inocencia!
En Finlandia opera el Ministro de Justicia y Defensor del Pueblo, entidad que vigila las acciones de todos los servidores públicos. Está constituido por funcionarios independientes, con autoridad para investigar las acciones de los miembros del Parlamento, de los ministros y del jefe de Estado.
Es lo que precisamente necesitamos en México, replantearnos si los organismos que combaten la corrupción están realmente funcionando o es tiempo de pensar en otras opciones en donde haya más participación ciudadana y colaboren expertos en derecho, contabilidad, informática y otros campos relevantes.
Hoy tenemos la tecnología para emprender mejor este tipo de acciones. A través de la inteligencia artificial y la tecnología blockchain se podría analizar grandes cantidades de datos y detectar patrones de comportamiento sospechosos y monitorear transacciones ilegales.
En especial, se deben reforzar las recompensas e incentivos para aquellos denunciantes de corrupción oficial, tales como la protección de su identidad, una recompensa monetaria o una reducción en la pena si están involucrados en la actividad corrupta.
Las leyes de transparencia y las fiscalías anticorrupción ya no son suficientes en México. El reto se antoja más en darle seguimiento y proceso –pero en serio– a los casos que son ampliamente difundidos en la prensa y otros organismos independientes que tenemos en nuestro país.
Sí se puede si se quiere. Nos urge pasar a un siguiente nivel en esta tarea nacional contra
la corrupción.
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