Alrededor de 100 amparos se interpusieron en el 2024, por conductores de vehículos que consideraron un abuso de autoridad el privarlos de la libertad por conducir en estado de ebriedad.
Jueces federales les otorgaron la suspensión, ordenando que los dejaran libres en el Centro de Recuperación Cívica Total (Cerecito), a donde son trasladados los choferes que son sorprendidos por elementos de la Coordinación General de Seguridad Vial del Gobierno municipal.
De acuerdo al titular de la corporación, César Tapia Martínez, un promedio de dos personas por semana recurren a la protección federal, para evitar el arresto de 24 o 36 horas continuas.
Señaló que hay dos médicos a bordo que trabajan a la par de los comandantes de turno, los cuales hacen las pruebas de alcoholemia en el lugar, aunque también en las instalaciones del Cerecito se realizan dichos exámenes para medir el grado de ebriedad.
Tapia Martínez indicó que una vez que consiguen el amparo, llega al Cerecito un actuario por parte de los Juzgados y es quien da la notificación para iniciar el proceso para soltar a los arrestados.
La multa por conducir en estado de ebriedad se elimina una vez que se cumple con la privación de la libertad, sin embargo al no hacerlo deben pagar arriba de 10 mil pesos, aparte del trámite del amparo y los honorarios del abogado que haga el trámite.
Anteriormente autoridades han mencionado que termina gastando más dinero quien recurre a un amparo, ya que además debe pagar el traslado del vehículo que hace la grúa y los días que permanezca dicha unidad en el corralón.
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