El padre de una de las víctimas del caso del crematorio Plenitud promovió un recurso de revisión contra la sentencia de amparo que benefició al propietario del establecimiento donde fueron localizados 386 cuerpos, lo que abre una nueva etapa judicial en el proceso.
De proceder la impugnación ante los juzgados federales, podría revertirse la libertad que se le otorgó a José Luis A. C., propietario del crematorio referido.
La Fiscalía General del Estado interpuso primero el recurso de revisión contra el amparo indirecto 746/2025, dirigiéndolo en contra de la resolución dictada por el juez Luis Eduardo Rivas Martínez, titular del Juzgado Séptimo de Distrito en Chihuahua, mediante la cual el imputado obtuvo auto de no vinculación a proceso penal y salió de prisión.
Así que ya son dos recursos de revisión interpuestos: uno de la FGE y otro de un particular, presentándose este último como tercero interesado.
De acuerdo con un acuerdo emitido el 3 de marzo de 2026 dentro del amparo indirecto 746/2025, Ricardo Estrada Portillo, quien se identificó como víctima indirecta, presentó el recurso para impugnar la resolución dictada el 12 de febrero de este año.
El promovente compareció ante el juzgado federal en su calidad de padre de una de las personas afectadas, por lo que solicitó la revisión de la sentencia emitida dentro del juicio de amparo.
El acuerdo judicial establece que el recurso será integrado al expediente y, una vez que se completen las notificaciones a las partes, el caso será enviado al Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con sede en Ciudad Juárez.
Dicho tribunal será el encargado de revisar la legalidad de la sentencia de amparo emitida por el juez Séptimo de Distrito en el estado de Chihuahua, Luis Eduardo Rivas Martínez.
La resolución impugnada generó controversia luego de que derivara en beneficios legales para José Luis A. C., propietario del crematorio Plenitud, al invalidar los delitos que había imputado la Fiscalía General del Estado.
Con la interposición de este recurso, el caso entra a una nueva fase judicial, en la que un tribunal federal deberá determinar si confirma o modifica la resolución del amparo.
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