El INE ordenó a legisladores locales de Morena retirar propaganda y comunicados en apoyo al presidente López Obrador.
La Comisión de Quejas y Denuncias del organismo electoral sesionó para analizar medidas cautelares en el marco del proceso de la revocación de mandato.
Denunciaron panistas a Morena
Derivado de una denuncia interpuesta por el PAN contra los legisladores estatales de Morena por un desplegado publicado en medios de comunicación y redes sociales.
El órgano colegiado otorgó medidas cautelares respecto de las publicaciones los legisladores Magdalena Rentería Pérez y Benjamín Carrera Chávez. La Comisión consideró los mensajes como promoción personalizada a favor del presidente de la República.
«Se presume vulneración al principio de neutralidad de las personas servidoras públicas en el marco del proceso de la revocación de mandato, ordenándoles que en un plazo que no podrá exceder de tres horas, realicen las acciones, trámites y gestiones necesarias para eliminar las publicaciones de Facebook, así como de cualquier otra plataforma electrónica o impresa bajo su dominio, control o administración», mandató el organismo.
En ese sentido, se vinculó al diputado Edin Estrada Sotelo, coordinador de la bancada del Morena, «para que notifique la resolución los integrantes de ese partido, para que se abstengan de difundir el comunicado en cualquier plataforma electrónica o impresa bajo su dominio, control o administración».
En noviembre pasado legisladores de Morena comenzaron con la promoción de la consulta de revocación de mandato, con publicaciones engañosas.
Promovían ‘ratificación’
En redes sociales y pancartas en mesas de recepción de firmas, morenistas promovían la consulta como si fuera de «ratificación» y no de revocación de mandato.
Incluso, legisladores locales de Morena, que tienen prohibido participar en la promoción de la consulta, publicaron anuncios con el mismo lema en sus redes.
De acuerdo con la Ley de Revocación de Mandato, los partidos políticos nacionales y locales no pueden participar en cualquier etapa del proceso.
Tampoco lo pueden hacer los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, tanto de la Federación como de las entidades federativas y de los ayuntamientos.
«Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública federal, estatal o municipal y los órganos del Gobierno de la Ciudad de México, también tienen prohibida su participación», señala la legislación.
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