El obispo J. Guadalupe Torres Campos acusó a la Policía Municipal de incursión en un comedor instalado en Catedral, donde elementos detuvieron a migrantes involucrados en una falta administrativa.
A través de un comunicado, el líder religioso reprobó el actuar de los uniformados y pidió que dicha acción no se vuelva a repetir en ese espacio ni en un ningún otro que se utilice como albergue en la ciudad.
Este jueves se realizó una reunión entre el secretario de Seguridad Pública Municipal (SSPM), César Omar Muñoz, el párroco de Catedral, Eduardo Hayen Cuarón y la directora de la Casas del Migrante, Cristina Coronado, para aclarar la situación, donde el jefe policiaco se comprometió a mantener una estrecha coordinación para evitar algún incidente de ese tipo en el futuro.
Muñoz giraría instrucciones a su personal, para que se mantenga el respeto en todo momento a los derechos humanos de las personas en movilidad.
En el comunicado de la Diócesis de Ciudad Juárez, el obispo manifestó que las instalaciones de Catedral se han vuelto un espacio de información, acogida y asistencia, con la intención de atender “un deber de caridad propio de nuestra fe que nos impulsa”.
Por su parte, el titular de la SSPM, manifestó su interés porque prevalezca el orden social en dicha zona, en la cual se concentra el mayor número de migrantes, por lo que enfatizó en la instrucción a cada uno de los elementos municipales para que se brinde un trato digno a dichas personas y garantizar con ello el pleno respeto a sus derechos humanos.
Tanto el padre Hayen Cuarón como la encargada de la Casa del Migrante, mostraron sus inquietudes por lo suscitado ayer, y externaron su interés en colaborar de manera positiva para evitar que se repita alguna situación similar, en tanto a los involucrados, un juez les hizo una amonestación verbal y posteriormente fueron trasladados por los preventivos al albergue Kiki Romero para su resguardo.
Por lo anterior, se acordó mantener una coordinación permanente entre las tres partes, puesto que coincidieron en que el objetivo es que la estadía de dichas personas en la localidad no represente alguna consecuencia jurídica para ellos o que se vean expuestos a alguna situación de riesgo.
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