Una seria acusación en contra de la fiscalía de Chihuahua y el gobierno de Javier Corral por negarse a investigar a políticos panistas implicados en el homicidio de Miroslava Breach, fue expuesta este lunes al cumplirse tres años del asesinato de la periodista.
“La fiscalía local de Chihuahua, el tiempo que tuvo la investigación, nunca quizo investigar respecto de los actores políticos, respecto de la línea de narco política”, expresó Sara Mendiola, directora de Propuesta Cívica y representante legal de la familia de la periodista.
En una conferencia de prensa realizada este lunes a propósito de cumplirse tres años del asesinato de Miroslava, Mendiola reprochó que la fiscalía de Chihuahua no hubiera querido investigar a los “actores políticos de la actual administración” implicados en el caso.
Sin mencionarlos por su nombre la activista y abogada se refería al actual titular del ICHIFE, José Luévano Rodríguez, el profesor de SEC y ex alcalde de Chínipas Hugo Schultz y el ex vocero del PAN y actual asesor de los diputados de ese partido, Alfredo Piñera.
“Nunca quizo investigar (la FGE) a estos actores políticos panistas de la actual administración y es ahí donde compete a la FEADLE sí investigar y sí hacer lo que la fiscalía local no quizo hacer”, adviritió.
Mendiola recordó que en el cierre de sus alegatos frente al juez la semana pasada, la FEADLE señaló cual fue la participación y la responsabilidad de esos políticos a quienes Miroslava se refirió en distintas ocasiones como “los mensajeros del narco”.
“En la teoría del caso de la FEADLE puede haber una implicación altísima de participación de ellos porque en el juicio sale a la luz pública esta llamada telefónica que graban a Miroslava”.
“Ese audio donde graba a Miroslava un político panista de la actual administración panista de Chihuahua, graba a Miroslava preguntándole las fuentes de información, las fuentes de sus publicaciones porque ellos ya tenían como muchísima presión por todos los grupos de narcotráfico que operan en la zona”.
“Pues a ver quién le estaba pasando información a Miroslava, porque Miroslava estaba sacando tantas cuestiones a la luz de como el cartel de “Los Salazar” ponía y pone presidentes municipales, directores de seguridad pública, cuál es la injerencia de ellos en la designación de autoridades en los municipios de la sierra”, explicó.
De acuerdo con la FEADLE una vez recabada esa conversación en una grabación ilegal, los políticos del PAN la entregaron al grupo del cartel de “Los Salazar” y de ahí devino la orden del asesinato de Miroslava porque ella “ya estaba informando mucho a la sociedad”, relató Mendiola.
“Le compete a la FEADLE extender sus lineas de investigación hacia esos actores políticos panistas”, insistió.
Tanto Mendiola como los representantes de Reporteros Sin Fronteras Balbina Flores, y del Comité de Protección a Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés) Jan-Albert Hootsen, coincidieron en que el caso Miroslava “no va a salir de injusticia y no se va a poder hablar que el caso ha salido de la impunidad”, mientras todos los responsables del homicidio no sean llevados a juicio.
En ese sentido indicaron que aún está pendiente de ejecutar una orden de aprehenión contra otro copartícipe (Wilbert Jaziel Vega Villa) y queda pendiente aún la investigación contra los autores intelectuales (uno de ellos José Crispín Salazar Zamorano).
Recordaron que a lo largo del juicio se comprobó que quien dio la orden del asesinato fue el líder del cartel “Los Salazar” José Crispín Salazar Zamorano.
Y también se comprobó que hubo actores políticos panistas involucrados presuntamente en esta orden.
“Hemos sido también muy claros como organizaciones acompañantes que el caso no esta cerrado. Esta sentencia, este procedimiento penal es solamente contra uno de los implicados, contra uno de los copartícipes”, advirtieron.
Una vez que se ha concluido el proceso contra Juan Carlos Moreno Ochoa alias “el Larry” como copartícipe del homicidio, ahora la Fiscalía General tiene información suficiente para ampliar sus lineas de investigación y llegar a todos los responsables, dijeron.
“Es una exigencia no solamente de nosotros como organizaciones, de los familiares víctimas y del gremio periodístico, mas allá de quienes detonaron el arma, más allá de quienes planearon el homicidio”.
“En la pirámide criminal hay quienes ordenaron y quienes se vieron involucrados por las investigaciones de Miroslava Breach, todo lo que ella estaba investigando, todo lo que ella estaba exhibiendo a través de sus reportajes periodísticos, y algo que siempre vamos a seguir enfatizando que el caso de Miroslava Breach no va a encontrar justicia hasta que todos los responsables sean llevados a los tribunales de justicia”.
Hicieron un llamado al Fiscal General de la República Alejandro Hertz Manero, para que inicie todo el trabajo de inteligencia necesario para que la orden de aprehensión pendiente sea cumplida, aun cuando reconocieron que las condiciones son complicadas por donde se presupone está el prófugo escondido, en la sierra que comparten Chihuahua y Sonora.
“Es responsabilidad del estado mexicano, responsabilidad de la Fiscalía General, aprehender a esta persona, a este otro responsable e iniciar el proceso penal correspondiente”, sostuvieron.
Las ONGS resaltaron que en el fallo condenatorio contra Moreno Ochoa, el juez remarcó que Miroslava fue asesinada por su actividad periodística.
El enfoque al trabajo periodístico fue fundamental ya que reforzar las condenas cuando se comete un crimen contra la libertad de expresión es una obligación del estado democrático, dijeron.
Respecto a los autores intelectuales, revelaron que la linea contra José Crispín Salazar Zamorano se abrió desde el año 2019, cuando la FEADLE ya tenía la titularidad de la carpeta de investigación.
Ese año fue detenido en Chihuahua el hijo de Salazar, Edgar Salazar Gaxiola, quien fue presentado como testigo de cargo por la Fiscalía y declaró que él había escuchado a su padre dar la orden a “El Larry” de matar a Miroslava.
Fiscalía de Chihuahua, renuente
Cuestionada sobre el papel de la Fiscalía estatal, la representante de Propuesta Cívica Sara Mendiola criticó que dicha instancia siempre hubiera estado renuente a colaborar con la fiscalía general.
Recordó que los primeros once meses de la investigación la fiscalía de Chihuahua se negó a darle información a los familiares víctimas y a la federación.
“No quizo trabajar en un esquema de colaboración estado-federación lo que complicó muchísimo saber cómo y a quien estaba investigando lo que llevó a Propuesta Cívica a presentar un amparo porque no le daban acceso a la carpeta de investigación y eso devino en una solicitud a que FEADLE atrajera el caso, lo sacara del fuero local, para así poder conocer qué había en la investigación de Miroslava Breach”, precisó.
Hasta después de 13 meses del homicidio -indicó- la FEADLE pudo atraer el caso.
Así fue que como abogadas coadyuvantes pudieron conocer qué estaba investigando la Fiscalía de Chihuahua y entonces solicitaron actos de investigación y reforzaron todo el expediente que inicialmente desarrolló la Fiscalía local.
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