El gobierno federal disminuyó la apertura de su información, además de entregarla llena de tecnicismos o simplemente decidieron no transparentar temas que por ley están obligados a abrir en sus portales electrónicos, reveló Proceso.
Basada en un estidio realizado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) a petición del Inai llegó a conclusiones preocupantes, como la poco transparencia del gobierno a los ciudadanos en 2021 respecto de 2019.
Aunque se atribuye a los efectos de la pandemia de Covid-19 en el personal administrativo de las instituciones, así como al cambio de éste tras los procesos electorales, también se debe a la demora y a la mala calidad de las respuestas a solicitudes de información.
“En los primeros tres años del sexenio de Andrés Manuel López Obrador las instituciones gubernamentales, organismos autónomos y otros entes obligados por la Ley General de Transparencia disminuyeron la apertura de su información, la entregaron llena de tecnicismos o simplemente decidieron no transparentar temas que por ley están obligados a abrir en sus portales electrónicos”, agregó la revista en su sutio digital.
En materia de solicitudes vía transparencia y apertura de datos por ley, añade Proceso, el estudio señala que los sujetos obligados cumplen con las normas, pero aún hacen esperar al ciudadano largos periodos para dar respuesta, tienen las estadísticas como agenda pendiente y realizan esta labor con miras a justificarse ante órganos garantes, como el Inai, sin considerar al ciudadano.
“El estudio analizó mil 365 sujetos obligados de los tres niveles de gobierno: 49 del federal, 870 del estatal y 446 del municipal. Fueron revisadas manualmente 2 mil 872 solicitudes de acceso a la información y más de 373 mil de manera automatizada”, indica el reportaje.
En el fragmento de la investigación periodística de su edición 2387 se informa que de esa revisión se concluyó que, si bien los sujetos cumplen ampliamente la ley en materia de acceso a la información, al analizar la completitud, claridad y celeridad de las respuestas que dieron a la ciudadanía a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), el puntaje es mucho menor porque no responden pensando en los ciudadanos, sino argumentando conforme a lo que puedan decir el Inai o los órganos garantes de cada estado.
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