La Ley de Justicia Administrativa del Estado, la cual entró en vigor el 14 de marzo de 2019, empodera a los ciudadanos y empresarios de Ciudad Juárez, así como al resto de las localidades de la entidad, ya que por primera vez pueden recurrir a la justicia para revertir la decisión de funcionarios municipales y estatales que les niegan un permiso o multan sin una causa legalmente justificada.
Esto fue señalado por Gregorio Morales Luévano, presidente magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa de Chihuahua, un órgano autónomo del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, creado en en el contexto del Sistema Nacional Anticorrupción.
Un permiso, una concesión, una licencia, una resolución e incluso una multa de Policía y Tránsito son actos administrativos en los que puede intervenir el TAJ de Chihuahua.
El artículo tercero de la Ley de Justicia Administrativa establece cuales son los casos competentes para el Tribunal de Justicia Administrativa, señala el magistrado.
El Congreso de Chihuahua, apenas el 2 de septiembre, instaló el TJA con la asignación de los magistrados Mayra Arroniz y Alejandro Tavares, además de Morales Luevano, quienes representarán el organismo de justicia durante los próximos 15 años.
El presidente consejero informó que en estos momentos están resolviendo varios asuntos, los cuales no pasan de 100, pero que esperan que paulatinamente los ciudadanos conozcan las bondades de la nueva ley y, en consecuencia, estas se incrementen con el tiempo.
Con la entrada en vigor del TJA, la ciudadanía en general tiene derecho de entablar un juicio contencioso administrativo para combatir actos administrativos de los gobiernos municipal y estatal, a través de sus dependencias y organismos desconcentrados, dijo el entrevistado.
Explicó que la nueva ley reduce la arbitrariedad y discrecionalidad de los funcionarios municipales y estatales en el tema de actos administrativos, y en su caso existe la posibilidad de sancionarlos.
“La sociedad de los 67 municipios de la entidad cuentan con un nuevo tribunal que los empodera”, dijo.
Expuso que el estado ejerce el poder a través de actos administrativos y en la medida de que ya existe un tribunal que vigilará y sancionará la legalidad de sus actos, debe fortalecerse el estado de derecho en la entidad y en particular en Ciudad Juárez.
Explicó que el nuevo órgano de justicia responde por los actos de legalidad que se ejercen cuando los ciudadanos solicitan, por ejemplo, una licencia de construcción, la ley establece diversos requisitos y su cumplimiento debe ser autorizado.
La nueva ley reduce la discrecionalidad de los funcionarios de la esfera administrativa, con el combate de prácticas de corrupción que se traducen en “arreglos” extralegales.
Dijo que, en estos casos, las personas interesadas pueden recurrir al Tribunal Administrativo para entablar un juicio si considera que se violentaron sus derechos.
Añadió que el TJA tiene atribuciones para emitir una sentencia en caso de inconformidad, llegando hasta la anulación de los actos administrativos cuando, por ejemplo, se niega una solicitud de licencia o permiso respaldada con todos los requisitos para que sea otorgada.
“Nosotros estamos facultados para emitir directrices a los entes administrativos que actúan de manera incorrecta y se otorgan cuatro meses para que acaten la sentencia”, señaló.
Indicó que esto ofrece certidumbre legal y empodera a la sociedad, a diferencia con el pasado, cuando los interesados tenían que recurrir a conocidos influyentes para que los ayudaran.
Informó que Ley de Justicia Administrativa permite a los quejosos a darles curso a las demandas a través de correo certificado, por conducto del Servicio Postal Mexicano.
Señaló que las demandas se deben enviarse a las oficinas del Tribunal en la ciudad de Chihuahua, donde se revisan los actos de las autoridades administrativas.
Explicó que la misma legislación ampara proveedores de bienes y servicios contratados por el Gobierno, a quienes muchas veces tardan mucho en pagarles y las condiciones contractuales son muy ventajosas, por lo que el TAJ también puede conocer los reclamos de los inversionistas y empresarios que llegan hasta cerrar sus empresas por actos leoninos.
“Nosotros tenemos facultades para revisar procedimientos de contratación de bienes y servicios con el Gobierno, incluso obra pública, desde la resolución a la inconformidad de un licitante que debió haber ganado la adjudicación de un contrato y fue desechada su propuesta”, indicó el funcionario judicial.
Señaló que el TAJ no es un tribunal anticorrupción, pero que los órganos de control interno o fiscalización de los gobiernos municipal y estatal puede canalizarles casos graves de corrupción administrativa que, incluso, involucra actos de los presidentes municipales de la entidad.
Añadió que el organismo de impartición de justicia está facultado para juzgar denuncias contra empresarios o particulares señalados en casos de corrupción o cohecho, quienes pueden ser igualmente sancionados.
Informó que las oficinas del Tribunal se encuentran en la avenida Mirador, colonia Campestre Washington 7515 en la ciudad de Chihuahua, donde los interesados pueden enviar sus denuncias o asistir personalmente.
El magistrado recomendó que las denuncias por correo, se anexe un correo electrónico para una mejor comunicación entre el TEJ y los ciudadanos o empresarios inconformes por una situación irregular que tenga que ver con la justicia administrativa.
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