Tres años después de que fuera publicada la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, y un año después de que se debió haber expedida la ley para el estado de Chihuahua, finalmente el Congreso del Estado aprobó este jueves la Ley de Fiscalización Superior, misma que reducirá el poder de los diputados para indagar todas aquellas cuentas que hacen uso de recursos públicos, y que otorga amplios poderes a la Auditoría Superior para castigar e incluso penalizar a servidores públicos.
Las comisiones unidas de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Parlamento Abierto, así como las de Anticorrupción y Fiscalización, finalmente presentaron ante el pleno del Congreso el dictamen para que fuera votado, no sin antes sostener un extenso debate por parte de legisladores del PRI, Verde, Morena y del PT quienes se votaron en contra.
Con el voto mayoritario de la bancada del PAN, en alianza con los diputados de Movimiento Ciudadano, Encuentro Social y Nueva Alianza se alcanzó la votación de 17 votos contra 13 para aprobar así la citada ley.
El diputado del PAN Jorge Soto, al dar lectura al dictamen, rechazó los señalamientos de los diputados opositores, en el sentido de que la nueva Ley de Fiscalización buscaba dar impunidad a los actuales funcionarios de Gobierno estatal cuando termine su gestión.
“Resulta curiosa la aferración de Corral de querer manejar este asunto, violando la ley y transformando el sistema de autocontrol”, dijo por su parte el diputado Rubén Aguilar, del PT. “Nos presentaron un dictamen poco entendible, y por eso debe ser regresado a comisiones”, abundó.
El presidente de la Comisión de Fiscalización, Miguel Ángel Colunga, de Morena, criticó que se necesita una ley contra la corrupción pero no una ley a modo: «Esta ley no es la correcta. Quieren garantizar actos de corrupción de la actual administración y que queden en la impunidad, sin la supervisión de un órgano externo”.
Omar Bazán, del PRI y vocal también de Fiscalización, anunció igualmente en tribuna su voto en contra de la ley propuesta.
“Ahora resulta que le damos al auditor más facultades de las que ya tiene, elevándolo a un rango superior al pleno de este Congreso, y a un empleado del mismo Congreso lo elevamos a ser el responsable de cuidar, auditar, sancionar y penalizar las cuentas públicas”.
“Le estamos dejando a un todopoderoso detalles que son responsabilidad de los diputados”, señaló.
“Muy satisfechos van a quedar aquellos quienes cumplen la orden del gobernador”.
La diputada Carmen Rocío González Alonso, del PAN, reprochó a sus compañeros integrantes de la Comisión de Fiscalización el hecho de que desde el 28 de mayo jamás se volvieron a reunir para trabajar el dictamen. “Ni siquiera se han reunido para discutir el plan de auditorías de 2018, y ahora vienen a cuestionar”, les dijo.
Finalmente, Alejandro Gloria, del Partido Verde, también aiticipó el voto en contra.
“El dictamen tiene una redacción engañosa y de doble discurso. El aprobar esta ley reconocerá que los 33 diputados aquí presente somos corruptos, y que tal vez se tenga que incurrir en actos de corrupción para llegar a hacer acuerdos de los dictámenes que aquí se presenten. El que vote a favor de esta ley estará diciendo “soy un corrupto”.
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