Durante la administración estatal de César Duarte Jáquez operó una red de evasión fiscal con alcances nacionales. A través de ella se consolidó una operación de corrupción impulsada por el exgobernador actualmente preso en Miami, y operada por el ex auditor superior del Estado Jesús Manuel Esparza, a quien se le ofreció un crédito fiscal por 30 millones de pesos para la devolución de recursos desviados.
De acuerdo con información proporcionada por la Secretaría de Hacienda, Esparza Flores contactó y operó el esquema de evasión con una empresa fantasma ubicada en Puebla y varias empresas privadas a nivel nacional, para defraudar al fisco de Chihuahua.
El litigio para la ejecución del crédito fiscal se encuentra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La defensa del exauditor acudió a ella una vez que combatió con el juicio contencioso administrativo y lo perdió. Posteriormente interpuso un amparo que también perdió; sin embargo, se espera la ratificación a favor del Gobierno del Estado.
El caso nacional con robo de identidad forma parte de los 27 esquemas agresivos de evasión fiscal utilizados por los involucrados en la red de corrupción del exgobernador para obtener ganancias millonarias.
Este caso involucra a una exdelegada federal -cuya identidad aún no se puede revelar- que encabezó el robo de identidad a 16 personas del sector automotriz y del Poder Judicial. Con esos nombres crearon diversas empresas y aperturaron cuentas bancarias para realizar operaciones financieras con el Gobierno del Estado de Chihuahua y con otras entidades.
Transfirieron más de 3 mmdp en sexenio de Duarte
Bajo ese esquema transfirieron 285 millones de pesos del Gobierno del Estado a una empresa fantasma (EFO1). A su vez, esta transfirió a otra EFO (2) recursos por 2 mil 750 mdp, contando con apenas 15 clientes y sin contar con proveedores.
Al respecto, la Secretaría de Hacienda de Chihuahua documentó que el exauditor Esparza Flores fue quien operó este esquema. Por lo tanto, se le embargaron diversas propiedades.
Una de ellas es un terreno de grandes proporciones y se le dictó un crédito fiscal. Primero era de 20 millones de pesos, pero ya subió a cerca de 30 millones.
La dependencia informó que la defensa del exfuncionario ha combatido con intensidad dicho crédito mediante juicios de amparo, los cuales ha perdido. Posteriormente recurrió a la Suprema Corte, en donde confían en que se resuelva a favor del Gobierno de Chihuahua.
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