En los últimos tres años, la Auditoría Superior del Estado (ASE) logró recuperar 582 millones 700 mil pesos por concepto de obras pagadas pero no ejecutadas, o aportaciones que a organismos descentralizados.
El titular de la ASE, Héctor Acosta Félix, informó que durante el período de referencia, que abarca los años 2018 al 2021, se logró la reintegración de 77 millones 700 mil pesos por diversos conceptos.
La recuperación de esos recursos surgió de la información obtenida en auditorías practicadas por la ASE, donde se encontraron obras que ya habían sido pagadas por el Gobierno del Estado, pero el contratista no las había ejecutado.
En el procedimiento, se solicitó, o bien la reintegración de la cantidad pagada, o la ejecución de la obra para la que se le había contratado.
El auditor destacó el hecho de que los trabajos de la ASE generen recuperación de recursos públicos, y no solo la generación de acciones penales o sanciones administrativas.
En el mismo período, se logró que diversos organismos públicos se pusieran al corriente en el pago de sus contribuciones al Instituto de Pensiones Civiles del Estado.
En ese sentido, indicó que entre el Tribunal Superior de Justicia, la Universidad Autónoma de Chihuahua y la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, le adeudaban a aquel organismo 505 millones de pesos.
Con la acciones de auditoría, se logró que los entes se pusieran al corriente con el IPC, señaló Acosta Félix.
Órganos Internos de Control no sancionan
En las revisiones de cuentas públicas de los años 2019 y 2022, tanto del Gobierno del Estado como de los Municipios, se generan 55 solicitudes de aclaración, según el Informe Anual de Avances presentado por el auditor a los miembros de la Comisión de fiscalización del Congreso del Estado.
De ese total, solo se aclararon 29 de manera total o parcial.
Al respecto, señaló que los Órganos Internos de Control de las diversas dependencias gubernamentales no coadyuvan a la ejecución de las sanciones o aclaraciones.
En la mayoría de las ocasiones, dijo, terminan por archivar o dilatar los casos que son remitidos por parte de la ASE.
Esto se debe a que, o tienen personal capacitado, o no los atienden o los archivan. “Para nosotros genera impotencia de generar año y medio de trabajo para terminen archivados”, dijo.
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