El Poder Judicial del Estado (PJE) anunció un recorte de la tercera parte de su presupuesto, que impactará en el derecho de acceso a la justicia de los chihuahuenses, además de la eliminación de proyectos prioritarios, como la reforma laboral del estado.
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ), publicó el documento en el que anuncia la reducción autorizada por el Congreso del Estado de Chihuahua.
El TSJ adviertió que por falta de dinero se eliminarán los planes prioritarios. Entre los planes estaba la modernización en la aplicación de justicia laboral, que pasará ahora a la competencia del PJE, con implicación de la desaparición de la Junta de Conciliación y Arbitraje.
Del documento se desprende que el Poder Judicial registra un déficit presupuestario de 4 mil 800 millones de pesos. Ni Gobierno del estado, Cámara de los Diputados y la propia instancia judicial ha justificado el recorte.
Conforme al documento, el presupuesto del Estado es de más de 74 mil millones de pesos. Del total, le corresponden 2 mil millones de 800 al PJE. Por lo tanto, esto significa el presupuesto no le alcanza para sostener la estructura que tiene.
El comunicado señala que existe una reducción al presupuesto del Poder Judicial de 521 millones de pesos, casi una tercera parte del presupuesto que le asignaron ahora, con 2 mil 800 millones de pesos.
El TSJ anunció una lista de medidas de austeridad y racionalidad en la utilización de recursos del Poder Judicial para el ejercicio fiscal de 2021, que van desde el recorte de plazas, viáticos, pasajes y vacantes por renuncia que no se ocuparán.
Advierte especialista que recortes dificultarán acceso a la justicia
“Es escandaloso este recorte. Entonces, no hay dinero para nada. Debe haber una explicación no solo de la disminución presupuestal, sino también del déficit”, enfatizó el abogado Óscar Altamirano.
Consideró “grave” una afectación a la reforma laboral del estado. Además, dijo que no es sencillo aplazar que se implementen, debido a que existen plazos legales que deben respetarse.
Con la reforma, los conflictos laborales deben llegar a una instancia judicial para que los resuelva un tribunal; es decir, ahora pasarán al ámbito de las facultades del PJE.
“Ahora son trabajadores administrativos quienes resuelve los pleitos de trabajo, a través de la Junta de Conciliación”, agrego Altamirano, con especialidad en derechos humanos por la UACJ.
“Existe una gran expectativa y esperanza en estos cambios. También por otros cambios; por ejemplo, agotar primero una instancia conciliatoria, antes de llegar a juicio. Tienen bondades la reforma. Sería un desastre su retraso”, enfatizó.
Indicó que con el recorte se afectará el principio fundamental, que se mueve detrás, que es el acceso a la justicia, la cual debe ser pronta, gratuita y expedita. Aumentarán las cargas de trabajo y los procesos serán más lentos.
“El ciudadano debe tener lo más rápido, la posibilidad de solicitar a un juez que resuelva un conflicto, sea cual sea su naturaleza. Pero si se limita la justicia ya no será de calidad”, agregó.
Advirtió que también es una violación al principio de progresión del ejercicio de los derechos humanos, el cual significa que debe permanecer el esfuerzo que ya se estableció como un estándar. No se puede disminuir.
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