Un contingente de indígenas originarios de la comunidad de San José Baquéachi, municipio de Carichí, realizaron una marcha en la ciudad de Chihuahua, que terminó frente a Palacio de Gobierno, en protesta por los diez años de impunidad desde el homicidio del defensor de derechos humanos Ernesto Rábago Martínez.
Ningún funcionario de gobierno se asomó para atenderlos.
“Hasta el momento, las autoridades no han esclarecido su asesinato, por lo que tampoco se han aprehendido ni se ha dado castigo a los culpables”, asentó el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) en un posicionamiento público.
El grupo de personas vestidos todos a la usanza de la etnia Rarámuri, realizó danzas, rituales y llevó pancartas con la fotografía del derecho humanista asesinado.
Llevaban inscritas distintas consignas exigiendo justicia. Además de los pobladores de Baquéachi, también participaron en la protesta hombres y mujeres de las comunidades de Chinéachi y Bakuseachi y la organización Bowerasa A.C.
Partieron de la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en la intersección de la avenida 20 de Noviembre y Ocampo, pasaron por el edifico de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizando ahí un plantón y terminaron en la cruz de clavos frente al Palacio de Gobierno.
La escasa cobertura de medios locales no evitó que el CEDEHM difundiera videos en vivo de la protesta a través de sus redes sociales.
Rábago fue un abogado defensor del territorio que apoyó a la comunidad de Baquéachi, misma que fue víctima de un despojo de miles de hectáreas pero que gracias al trabajo de él y su esposa, lograron recuperar parte de las tierras que les había sido arrebatadas.
A Ernesto lo asesinaron el lunes primero de marzo de 2010 y hasta la fecha no se ha detenido a sus asesinos ni se ha esclarecido quién o quiénes ordenaron su muerte a pesar de las múltiples evidencias de amenazas de caciques que los hostigaban.
El día del crimen desconocidos entraron en las oficinas del finado, ubicadas en las calles Allende y 23, en el centro de la ciudad, y lo ultimaron de dos balazos.
“Esto no es una ejecución del crimen organizado; no salgan con eso. Es un asunto de tierras, una venganza, y está relacionada con la defensa de las tierras de los indígenas de Baqueachi”, dijo entonces su viuda Estela Ángela Modragón, de acuerdo a una nota publicada por la periodista -también asesinada- Miroslava Breach.
Desde 1995 Ernesto y Estela empezaron a defender mediante representación legal a las comunidades indígenas despojadas por caciques en Nonoava y Carichí, dos municipios localizados en la zona serrana que desde entonces se disputan grupos de narcotraficantes.
Ningún gobierno estatal, ni del PRI ni del PAN, que desde entonces han gobernado el estado, ha dado una respuesta contundente en contra de los grupos criminales que se coluden con funcionarios estatales, municipales y federales para despojar a los pueblos originarios.
El despojo de tierras, la narco siembra, la tala ilegal y el desplazamiento forzado son consecuencia directa de toda esa impunidad.
