La diputada Rosana Díaz Reyes, del grupo parlamentario de Morena, presentó una iniciativa para crear una cadena de custodia de los restos humanos y evitar que se repitan casos como el del crematorio Plenitud, en Ciudad Juárez, donde se acumularon 386 cadáveres sin incinerar ni reportar a las autoridades.
La propuesta de la legisladora contempla reformar y adicionar diversos artículos de la Ley Estatal de Salud con el fin de establecer controles más estrictos sobre los servicios funerarios y de cremación, así como de cementerios en el estado.
La iniciativa plantea reformas a cinco artículos de dicha ley para fortalecer la vigilancia sanitaria, estandarizar protocolos y crear un registro estatal de trazabilidad de cadáveres, denominado Cadena de Responsabilidad Sanitaria (Cares).
El proyecto establece que cada cuerpo cuente, desde la emisión del certificado de defunción, con un identificador único, intransferible y, de ser necesario, resistente al calor, que permita seguir su trayecto a través de las distintas etapas del proceso, desde su recepción en la funeraria, hasta la inhumación o cremación.
“Todos los prestadores de servicios funerarios estarán obligados a registrar cada etapa del manejo del cadáver en el sistema Cares, incluyendo el traslado, el tipo de conservación aplicado, la fecha, hora y lugar de cada movimiento, así como cualquier incidencia”, indica el texto de la iniciativa.
Además, se propone que las funerarias que subcontraten servicios, como la cremación, sean solidariamente responsables ante los deudos y las autoridades, y estén obligadas a verificar que los cuerpos hayan sido efectivamente dispuestos conforme a la ley.
Otro apartado establece que funerarias, crematorios y panteones deberán contar con licencia sanitaria expedida por la Comisión Estatal de Salud, con vigencia de dos años. Esta solo se otorgará tras la verificación del cumplimiento estricto de la ley, normas técnicas y con la previa opinión del ayuntamiento correspondiente y de la Junta Central de Agua y Saneamiento.
En cuanto a la infraestructura, se plantea que todos los establecimientos del ramo cuenten con protocolos de bioseguridad, manejo adecuado de residuos peligrosos biológico-infecciosos, personal capacitado y condiciones técnicas certificadas.
La legisladora morenista aseguró que esta iniciativa responde a una exigencia social urgente luego del caso Plenitud, que reveló graves omisiones y vacíos legales en la operación de este tipo de establecimientos.
La iniciativa fue turnada a comisiones para su análisis y eventual dictamen.
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