Con el fin de salvaguardar la vida de las personas en movilidad que se encontraban acampando en la orilla del río Brav, fue que se tomó la determinación de realizar el desalojo.
Héctor Rafael Ortiz Orpinel, secretario del Ayuntamiento, informó que el retiro de los migrantes venezolanos del campamento que tenían instalado en el río, fue para evitar riesgos que pongan en peligro su vida.
En la conferencia de prensa que ofrece todos los lunes el presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, Ortiz Orpinel explicó que la Comisión Internacional de Límites y Agua (CILA), hizo una solicitud sobre el retiro de los migrantes, debido al riesgo que existía en el lugar.
A la par de esa petición, Protección Civil municipal y estatal elaboraron un dictamen sobre ese lugar, el cual demostró que existía un grave riesgo de ahogamiento por la cercanía al río.
Además había un alto riesgo de incendio, debido a la gran cantidad de casa de campaña, cobijas y ropa acumuladas en este sitio.
Sobre el tema, el alcalde, Cruz Pérez Cuéllar, mencionó que seguirán monitoreando la zona para evitar que se instalen en lugares cercanos, pues la propuesta es que las personas en situación de movilidad esperen sus trámites en los albergues, donde existen condiciones más dignas mientras resuelven su proceso migratorio.
El secretario del Ayuntamiento mencionó que durante el retiro de este grupo de migrantes, intervinieron autoridades de los tres órdenes de Gobierno, así como organismos internacionales que protegen los derechos humanos de los migrantes.
A su vez, Santiago González Reyes, director municipal de Derechos Humanos, indicó que no existió ninguna violación de los derechos humanos durante el desalojo de las personas en situación de movilidad que estaban en la orilla del río, ya que estaban poniendo en riesgo su vida.
“Estuvieron presentes, porque fueron notificadas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y los tres organismos internacionales con los que se atiende el tema migratorio y que pertenecen a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para cuidar las garantías de los migrantes”, expresó el funcionario.
Roberto Briones Mota, director general de Protección Civil, señaló que al interior de algunas casas de campaña se encontraron generadores eléctricos, conexiones múltiples, baterías y recipientes con gasolina para encender fogatas, por lo que el riesgo de incendio era muy alto.
De las 600 personas que se encontraban en este campamento, solamente 80 aceptaron ser trasladados al Centro Integrador para Migrantes “Leona Vicario”, que está a cargo del Gobierno Federal y 14 al albergue municipal Kiki Romero, apuntó.
(mr)
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