Un grupo de 65 personas de distintas nacionalidades, incluidos venezolanos, cubanos y haitianos, fueron expulsados de Estados Unidos a México el viernes pasado por agentes de la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE).
El traslado, hecho por el puente internacional de Hidalgo, Texas, se llevó a cabo en cuatro vehículos, dos mini vans y dos autobuses; en la primera el proceso estuvo a cargo del CBP e incluyó a 15 personas, seis mujeres y dos menores de edad, quienes fueron bajados del vehículo a pocos metros del acceso peatonal.

Agentes de CBP los encaminaron hasta el punto de entrega en la joroba del puente, donde dos policías mexicanos uniformados los recibieron.
Enseguida se procesaron tres grupos que llegaron en tres vehículos distintos cuyo traslado estuvo a cargo del ICE.
De una mini van descendieron diez personas, nueve hombres y una mujer, con la particularidad de que éstas iban esposadas y encadenadas de manos y pies.
Luego bajaron de dos autobuses dos grupos de hombres, uno de 21 y el otro de 15, aunque hubo cuatro personas que decidieron no bajar del segundo autobús, para sumar un total de 65.
Agentes consultados en el lugar dijeron que entre los extranjeros había 37 cubanos, cuatro venezolanos, cinco salvadoreños, dos haitianos, un guatemalteco y un chino.
Después que uno de los venezolanos, se quejó que lo llevaran a México, las autoridades migratorias estadounidenses explicaron que se hacía de esa manera, porque se tenía un acuerdo con el Gobierno Mexicano, para recibir personas de nacionalidades distintas.


De acuerdo con el director de aduanas en el puente internacional de Hidalgo, Texas, Carlos Rodríguez, este proceso ocurre todos los días y responde a diferentes motivos.
“Puede ser porque intentaron cruzar ilegalmente, puede ser porque ya cumplieron su sentencia o su plazo y entonces ya tienen la orden del juez de que salgan del país”, explicó.
Mientras se llevaron a cabo los procedimientos de repatriación, el flujo peatonal y vehicular fue suspendido y una vez concluidos, se reanudó de manera normal.
Todo el proceso pudo ser documentado por una misión de periodistas de distintos países latinoamericanos, por gestión de la organización de periodismo estadounidense Inquire First.
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Además, le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada y otorgó un plazo de dos meses para la investigación complementaria
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