Desde la perspectiva del representante del Gobierno del estado en Ciudad Juárez, Oscar Ibáñez Hernández, no hay posibilidad de que se afecte el proceso educativo si se omite utilizar los libros de texto porque los maestros tienen sus propias herramientas materiales y conocimiento para la actividad escolar.
Aseguró que los profesores tienen años de experiencia y de trabajo frente a clase con alumnos, incluso durante la pandemia se generaron mecanismos, materiales y apoyos para subsanar que los alumnos no podían estar en el aula.
“Son profesionales altamente capacitados, ya tienen la planeación y solo se actualizarán para el ciclo que va a comenzar”, añadió.
En Chihuahua, dijo, la eventual falta de textos no afecta absolutamente para nada el inicio de las clases, que comienzan el próximo 28 de agosto, ya que se les dará la atención requerida a los alumnos y, si en su momento es necesario generar materiales alternativos, se verá de qué manera se subsana.
El costo de estos materiales, continuó, debe ser absorbido por las autoridades y no por las familias.
El funcionario afirmó que lo más importante en una comunidad educativa son los maestros, los alumnos y los padres de familias, mientras que los docentes tienen toda la capacidad y elementos para enseñar a los infantes y adolescentes; los libros de texto, como cualquier material educativo, son un apoyo, pero no necesariamente son la parte central del proceso educativo.
“Sí es importante que se dirima la situación de lo que va a pasar con los libros de texto, pero en la Secretaría de Educación (estatal) tienen tiempo trabajando también en lo que son las otras muchas herramientas que se utilizan en los procesos educativos además de los libros de texto”, declaró.
Está claro que la jurisdicción para la creación del material educativo es del Gobierno federal, pero también está claro que existen leyes en este país que se deben de cumplir y procesos.
Ahora, dijo, hay una disputa jurídica en varios estados y con particulares, incluyendo a Chihuahua, respecto a los procedimientos y mecanismos que se han utilizado para la elaboración de estos libros.
Mientras no se resuelvan esas discrepancias legales que existen entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, seguirá la controversia, los amparos y la suspensión de la distribución de ese material. Se está llevando un proceso, el que se debe esperar a que concluya para que se deslinde qué es lo que procede en este litigio, opinó.
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Por Alejandro Salmón Aguilera
