Al fijar su postura sobre la invalidación de la prisión preventiva oficiosa para delitos como contrabando, defraudación fiscal y facturas falsas, el ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, aseguró que la decisión busca proteger a los más pobres.
El titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) indicó que la prisión preventiva oficiosa viola derechos humanos y vulnera la presunción de inocencia.
Zaldívar indicó, a través de Twitter, que la mayoría de las personas que son sujetas a la invalidada figura jurídica son de escasos recursos; por lo que en ningún momento se pensó en privilegiar a las grandes esferas económicas del país.
La prisión preventiva oficiosa es “una condena sin sentencia que, por regla general, castiga la pobreza”, aseveró el magistrado.
El titular del Alto Tribunal dijo que se debe avanzar hacia un sistema que establezca la prisión preventiva como excepcional.
El máximo tribunal del país determinó invalidar la medida cautelar ante la comisión de tales ilícitos; como lo aprobó en 2019 el Congreso de la Unión derivado de una iniciativa del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Durante la sesión pública de este lunes, Arturo Zaldívar argumentó que la medida es “inconvencional”, pues viola derechos humanos.
“La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que ni las características o apariencia del sujeto ni la gravedad del delito que se le imputa son suficientes para una prisión preventiva. El peligro procesal no puede presumirse. Tiene que justificarse”, enfatizó.
Con ello, la SCJN declaró la invalidez de las normas que definen como delito contra la seguridad nacional a la actividad ilícita de empresas factureras.
El texto original se puede encontrar en Informe Confidencial, sitio con el que Norte Digital tiene un acuerdo para publicarlo.
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