El Congreso de Chihuahua presume eficiencia en la revisión de las cuentas públicas de los municipios y aún no dictamina la sanción directa contra el presidente municipal de Juárez, Armando Cabada Alvídrez, por irregularidades detectadas durante el ejercicio fiscal 2017.
La diputada panista Rocío González, integrante de la Comisión de Fiscalización del Congreso, informó a través de un comunicado de prensa sobre el inicio de los trabajos de revisión de las cuentas públicas en el Congreso de Chihuahua del periodo 2018.
De manera anticipada los diputados de la Comisión se han estado reuniendo de cada semana para sacar adelante el trabajo, con el apoyo de los técnicos de la Auditoría Superior del Estado, el organismo de fiscalización autónomo del mismo Poder Legislativo del Estado.
González informó que contaban incluso con avances importantes con respecto a la elaboración de los proyectos de dictamen de las cuentas de los municipios de Cuauhtémoc, Buenaventura, Guadalupe y Casas Grandes.
Incluso iniciaron ya con la revisión de la cuenta pública 2018 de Juárez.
Sin embargo, el Congreso del Estado desde diciembre de 2017 dictaminó la existencia de irregularidades en Juárez y por unanimidad de votos aprobaron la procedencia para que la Auditoría Superior del Estado diera curso al procedimiento para sancionar al alcalde de esta ciudad y a los funcionarios del Comité de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios, presidido por el oficial mayor Víctor Manuel Ortega, así como servidores públicos de la Tesorería municipal.
Antes del primer semestre de 2018, el titular de la ASE, Héctor Acosta Félix, dictaminó la aplicación de la anterior Ley de Justicia Administrativa del Estado, la cual ya había sido derogada, y sustentó la aplicación de sanciones por la comisión de faltas administrativas no graves.
El auditor personalmente presentó al presidente municipal una instrucción para que el órgano de control interno del Municipio sancionara a los funcionarios del Comité de Adquisiciones.
Con respecto a la sanción en contra del presidente, el titular de la ASE canalizó el procedimiento con el presidente del Congreso de Chihuahua, Jesus Villarreal Macías, para que determinaran la aplicación de la sanción administrativa contra Cabada, la cual podría ser una amonestación, multa e incluso podría alcanzar hasta la inhabilitación del puesto.
El Congreso de Chihuahua no ha determinado ni aplicado la sanción en contra del munícipe juarense.
Hace casi dos años que el mismo organismo legislativo determinó que había incurrido en irregularidades, luego que determinaron que Cabada debió de abstenerse de contratar servicios con la empresa televisora Intermedia de Juárez, propiedad de la familia del mismo funcionario.
De igual manera se desconoce si el presidente aplicó las sanciones en contra de sus colaboradores de la Tesorería y Oficialía Mayor, a quienes el Congreso del Estado también encontró responsables de actos irregulares en la adjudicación directa de contratos por varios millones de pesos.
Aún con uno o varios procesos sancionadores pendientes, los diputados de la Comisión de Fiscalización del Congreso, entre los que se encuentra Miguel Ángel Colunga, de Morena; Misael Máynez Cano, del PES; Omar Bazán Flores, del PRI, y Rocío Guadalupe Sarmiento, de MC, trabajan con funcionarios de la ASE; sin embargo, aún los resultados de sus gestiones no se han materializado en sanciones efectivas.
Según el reporte de la comisión, a la fecha se han recibido ya 19 informes técnicos de resultados, entre los cuales se encuentra el informe de Gobierno del Estado y del Plan de Movilidad Urbana de Ciudad Juárez.
Informaron que tienen pendiente estudio los informes técnicos de los municipios de Urique, Aquiles Serdán, Chínipas, Ignacio Zaragoza, Matachí, Maguarichi, Delicias, Riva Palacio y Saucillo.
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