Una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado por la designación que considera ilegal de la “Encargada de Despacho” de la Fiscalía Anticorrupción, fue presentada por el presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Chihuahua, René Moreno Medina.
La denuncia presentada es por el delito de ejercicio ilícito de funciones públicas, publicó Moreno en la página del Comité de Participación Ciudadana, organismo reconocido por las leyes estales.
“Esta designación ilegal fue hecha por la gobernadora del Estado, María Eugenia Campos Galván, y el secretario General de Gobierno, César Gustavo Jáuregui Moreno, sin tener facultades para ello, atentando gravemente contra la autonomía de la Fiscalía Anticorrupción”, señala el escrito.
Moreno informó que, en el procedimiento penal, es acompañado por Derechos Humanos y Litigio Estratégico Mexicano (“DLM”) y por “TOJIL”, esta última organización que solicitó a la Fiscalía el reconocimiento de la calidad de víctimas de corrupción “lo que les permitirá participar en la investigación y vigilar que el caso no sea resuelto en la opacidad”.
El Comité y las organizaciones consideran como ilegal la designación de Nidia Aidin Orpinel Pizarro como “Encargada de Despacho de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Chihuahua”.
Además de la denuncia penal, el CPC y las dos organizaciones promovieron un juicio de amparo indirecto en contra de la designación de Orpinel Pizarro.
“La demanda fue admitida el 1° de agosto de 2022 y, de resolverse favorablemente, un juez podría ordenar que se lleve a cabo un nuevo procedimiento de designación de la titular de la Fiscalía Anticorrupción estatal. Esta nueva designación deberá respetar el procedimiento legal y autónomo de designación y los mecanismos de participación ciudadana contemplados en la Constitución y leyes locales”, señala el escrito dado a conocer por Moreno.
El texto recuerda el antecedente de que recientemente este órgano transitó de ser la “Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción” a un órgano totalmente independiente del Poder Ejecutivo denominado “Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua”.
“Esta independencia es fundamental para la investigación y persecución de los delitos de corrupción. La designación directa e ilegal afecta drásticamente el combate a la corrupción y, por ende, es sumamente importante que la sociedad civil defienda la autonomía de la Fiscalía Anticorrupción estatal”, agrega el documento.
Señala que el futuro de la lucha contra la corrupción depende en gran parte de la autonomía y eficacia de las fiscalías anticorrupción y de la participación ciudadana.
“Hoy la sociedad chihuahuense defiende la autonomía de dicha institución al vigilar el proceso de designación de sus titulares, así como su actuación para evitar que sea cooptada por los mandos del poder en turno”, concluye.
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