Desde julio de 2021, la construcción del Libramiento Oriente que parte del poblado de Samalayuca hasta la carretera Guadalupe-Tornillo, ha dispuesto indebidamente de agua proveniente de pozos de uso agrícola, para sus labores de riego de terracerías.
Se trata de pozos destinados a labores de campo, con permiso específico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para este fin; sin embargo, desde la citada fecha están sirviendo para el llenado de pipas que dotan del agua utilizada para la construcción del libramiento carretero.
De acuerdo a ejidatarios de la zona, se trata de una actividad de carácter “temporal” que fue acordada a petición de la Compañía Contratista Nacional, S.A.P.I. de C. V. (Coconal), empresa a cargo de las obras, al inicio de los trabajos.
Esto debido presuntamente a las dificultades que para la obra implican las distancias de dotación de agua de dren o agua tratada, oficialmente autorizadas para este tipo de trabajos.
Para los ejidatarios de la zona no existe ningún conflicto en permitir el uso de agua de sus pozos, pues muchos han estado fuera de servicio; según afirman, esto incluso contribuye a solucionar un problema que la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Ciudad Juárez (JMAS) no tiene la capacidad de resolver.
Negaron a su vez las versiones en el sentido de que estén haciendo negocio con la venta de agua; según afirman, venden el líquido “con fines de recuperación” a 20 pesos por metro cúbico, 200 pesos por pipa chica o 400 por pipa grande.
No obstante, esto se contradice con los señalado por el investigador del Colegio de la Frontera Norte (Colef) Gustavo Córdova Bojórquez, a quien otros ejidatarios de la región reconocen vender el agua por un monto de entre mil y mil 500 pesos por pipa de 10 mil litros.
A su vez y cotejado con otras fuentes de la zona, este dato también podría ser inexacto, toda vez que señalan un cobro aún más elevado. Según personal técnico de la JMAS, se tiene conocimiento de pagos de hasta 2 mil 500 pesos por viaje.
Consultado al respecto, José Ángel Félix Sánchez, director estatal de la Conagua, manifestó que la dependencia solo otorgó un permiso temporal a la constructora para utilizar agua proveniente de “un dren” cercano, pero no de pozos de uso agrícola.
Indicó que por tratarse de una obra federal de gran importancia para la región, se extendió esta autorización que permite el uso de agua no potable, proveniente de la Acequia Madre, hasta la conclusión de los trabajos.
No obstante, la Manifestación de Impacto Ambiental presentada como parte de los requisitos para la autorización de la obra señala algo muy diferente. Este documento plantea que “el agua cruda que se utilizará para la construcción será adquirida o comprada al municipio y abastecida por medio de pipas, las cuales transportarán el agua desde el municipio de Guadalupe”.
En ningún apartado señala que se utilizará agua de dren para las labores de riego de terracería y mucho menos que se adquiría de pozos de uso agrícola existentes en la zona.
“Nosotros autorizamos la extracción de agua de un dren, se les dio un permiso temporal por la importancia de la obra; ese es el permiso que nosotros otorgamos”, indicó el titular estatal de la Conagua; e insistió que el permiso es temporal, vigente mientras concluyen la construcción, considerando que es agua no utilizable para consumo humano o para labores agrícolas.
Al respecto, Córdova Bojórquez indicó que en esa zona existe una especie de limbo legal en donde es urgente establecer una política hídrica integral.
De acuerdo al investigador, se requiere de una acción conjunta que integre a los tres niveles de Gobierno en un solo objetivo, uno enfocado a brindar opciones y establecer un orden de procedimientos y acciones en aras de la conservación del acuífero.
“Sería una situación de regulación en cuanto a esta gente, pienso que se podrían conseguir permiso para que utilicen el agua salobre de esa zona. Lo que no se vale es que saquen agua de excelente calidad que se dedique a las obras de terracería de esas obras. Me parece que eso no está bien”, manifestó.
En su opinión, una opción sería destinar para este fin el agua del acuífero somero del valle que no es potable.
“Si tenemos agua de segunda calidad que no tiene uso inmediato, agua salobre del acuífero somero, bien podría destinarse a ese tipo de actividades” resaltó.
Una segunda opción, según dijo, es que la JMAS rehabilite pozos que fueron cerrados por haber llegado a un punto de abatimiento. Pozos que, dijo, cuentan con agua de alto grado de salinidad que ya no la hace potable, pero sí utilizable para el riego de terracerías.
“Hay varios pozos en esta situación, porque el abatimiento del acuífero ahí les pegó y la poca agua que había está muy salobre; la JMAS podría encargarse de rehabilitarlos y llevar agua de esos pozos para obras de este tipo.
“La JMAS no ha hecho lo propio porque necesitaría invertir un poco en eso, pero yo creo que la puede recuperar. Son pozos que quedaron olvidados, que cerraron porque se salinizaron demasiado, se podrían habilitar nuevamente y vender el agua para esa clase de usos”, puntualizó.
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