El caso de la presunta participación de agentes estadounidenses en Chihuahua tuvo un giro clave en las últimas horas: el fiscal general del estado, César Jáuregui Moreno, presentó su renuncia tras reconocer inconsistencias en la información oficial sobre el operativo.
En su salida, el ahora exfiscal admitió que hubo omisiones en los datos que se hicieron públicos, particularmente en lo relacionado con la presencia de agentes extranjeros, lo que terminó por detonar su separación del cargo en medio de la presión política y mediática.
Horas después, la gobernadora María Eugenia Campos Galván designó a Francisco Sáenz Soto como encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado, en tanto se realiza el proceso para nombrar a un titular definitivo.
El movimiento buscó contener la crisis institucional que ya escaló al plano nacional, en medio de cuestionamientos por la posible violación a normas que regulan la participación de agentes extranjeros en territorio mexicano.
El elemento más delicado del caso lo confirmó Wendy Chávez Villanueva, responsable de la investigación, al señalar que los agentes extranjeros sí estuvieron presentes en el operativo, pero bajo condiciones irregulares.
De acuerdo con los avances, su participación fue extraoficial y sin conocimiento de mandos superiores, lo que evidencia una ruptura en la cadena de mando y la ausencia de controles institucionales en una operación de alto impacto.
Incluso, se indicó que no existe registro de autorización formal para su intervención ni evidencia de coordinación con instancias federales, en un contexto donde este tipo de colaboraciones están reguladas por ley.
El caso se originó tras un operativo en la sierra de Chihuahua que derivó en un accidente con saldo fatal, donde murieron cuatro personas, incluidos ciudadanos estadounidenses vinculados a tareas de inteligencia.
