El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar, en su tercer Informe de Gobierno (2021-2024) presumió el cambio de la ciudad a la que aplicaron una inversión –“nunca antes vista”–, de 178.5 millones en la reparación de 82 mil 188 baches.
No obstante, según los juarenses, “el cambio no se nota en las calles”, pues otorgaron una calificación reprobatoria (5.6) a la satisfacción por la calidad de calles y pavimentación, de acuerdo con el Sistema de Indicadores de Calidad de Vida 2024 del Plan Estratégico de Ciudad Juárez A.C.
Esta insatisfacción es una de las más bajas que se obtuvieron respecto de los servicios urbanos, apenas por encima del sistema de transporte público.
Aún con todos los millones invertidos en los últimos 2.4 años, la baja calificación colocó la reparación de calles entre los peores servicios brindados a los ciudadanos durante la administración que recién culminó y en los que los habitantes de esta frontera percibieron una poca o nula mejoría.
La divulgación de infraestructura ornamental, a través de las redes sociales, tales como las “luces” que se colocaron frente al Consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez y en la Carretera Panamericana, a la entrada de la ciudad, esta última con un costo de 50 millones de pesos, llamó la atención de cibernautas que reclamaron al edil las prioridades del presupuesto con base a las necesidades de urgente resolución como el bacheo.
El ‘Hoy No Circula’ –una iniciativa sugerida recientemente por Pérez Cuéllar, también generó reacciones ciudadanas: “por qué en lugar de copiar sistemas, por qué no arregla las calles de los baches y de los sistemas de desagües, para que no lleguen a pasar tragedias como la de Rafita”, el estudiante del Cbtis arrastrado por la corriente en la calle Tapioca, le cuestionaron.
“No se necesita dejar de circular, sino (que) necesitamos circular por vías públicas viables y aptas”, reclamó Idalma Trujillo.
Un departamento de bacheo con pobres resultados
Solo durante su primer año de gobierno, el ahora dos veces alcalde convocó a Plan Estratégico para que participara, junto con ellos, en la supervisión del Programa de Bacheo Transparente (2022).
Ese mismo año, el Municipio presupuestó la compra de seis unidades de bacheo y desde la Dirección de Obras Públicas, reabrieron el departamento de bacheo con una estructura operativa.
El programa que prometía mucho, puesto que el Municipio prescindiría de la contratación de empresas constructoras y se ahorrarían la mitad de los recursos, tardó meses en implementarse después de la compra del nuevo equipo.
El Municipio pagó 7.8 millones de pesos por cada unidad equipada de bacheo, a la empresa Abatares Infraestructura y Construcciones, quien entregó el equipo meses después, en el 2023. Pese a la inversión, proveedores externos no dejaron de prestar el mismo servicio. Una de las unidades tardó un año en ser entregada.
‘Mezcla’ de corrupción detrás de la insatisfacción por los baches
Los recursos para la reparación de los baches provienen de las aportaciones de los juarenses al Municipio, los cuales se ejercen a través del Comité de Contratación de Obras Públicas que preside el director de Obras Públicas en representación del alcalde.
De esta manera, Pérez Cuéllar, a través de Daniel Heriberto González, en quien delegó sus facultades, reportó el gasto de mil 307 millones de pesos en la rehabilitación de 265 secciones de calles rehabilitadas con asfalto y concreto hidráulico.
La propaganda desplegada presume que ahora tenemos “otras calles dignas”.
El Informe Ciudadano 2024 del Plan Estratégico evaluó las contrataciones del Municipio de septiembre de 2021 a junio de 2024, identificando que, en este lapso, de los 7 mil 818 millones de pesos dedicados al pago de contratos, solo se destinaron a obra pública 3 mil 156 millones de pesos, es decir el 40.38 por ciento de toda la inversión.
Las propias autoridades reportaron que el 70 por ciento del gasto en obra pública, el cual incluyen mil 408 millones dedicados a las calles, fueron adjudicados bajo el método de licitación pública.
Sin embargo, la metodología del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), practicada por Plan Estratégico de Juárez, arrojó que el 76 por ciento del pago de las obras, arrendamientos, bienes y servicios, hubo riego de corrupción.
En conclusión, por cada mil millones de pesos invertidos, 760 millones de pesos tiene riesgo de corrupción, sostiene Plan Estratégico.
El análisis abarca hasta diciembre de 2023, ya que durante el 2024, muchos de los contratos no han sido adjudicados o continúan abiertos.
“En realidad son concursos amañados, puesto que se elimina la proveeduría de bienes y servicios para dejarle el camino libre a la persona moral o física que la administración quiere contratar”, dijo Sergio Meza, director del Plan Estratégico de Juárez.
Para ello, explicó, se simula con el incumplimiento de algún documento que no está claro o cualquier otro requisito que no tiene la menor importancia, pero es aprovechado para dejar fuera a los competidores.
Meza explicó que cuando se simula la competencia en los procesos de licitación pública para la contratación de obras y servicios, lo que menos importa es ofertar la mejorar calidad, el mejor precio, las garantías y condiciones que pasan a un segundo término.
Mencionó que esta simbiosis entre funcionarios y empresarios determina el proceso de adjudicación de contratos y quienes pagan las consecuencias son directamente los ciudadanos que –así como en el bacheo– reciben obras y servicios de mala calidad por el componente viciado de origen: la corrupción.
“Esto implica la calidad y la durabilidad de las obras, la calidad de vida de los ciudadanos. Cada vez que se arregla un concurso, también impacta en la competitividad urbana de nuestra ciudad, se pone en riesgo y tiene a la vez implicaciones importantes para la economía y para el desarrollo urbano y social, para la vida diaria de todas personas”, finalizó Meza.
Empresa con mal historial acapara contratos con Cruz
El Informe Ciudadano 2024, identificó al Grupo Korachi S.A de C.V. como el proveedor con mayor monto de recursos contratados por el Gobierno de Pérez Cuéllar, por un monto de 478 millones de obra pública.
Este prestador de servicios operó antes bajo la persona moral Gexiq S.A. de C.V., que fue sancionada durante la segunda administración de Armando Cabada (2018- 2021), por la ejecución de obras de pavimentación de mala calidad.
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